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BOC Nº 078. Miércoles 16 de Junio de 1993 - 1169

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1169 - RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Antonio de la Rosa Cabrera.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental, en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Antonio de la Rosa Cabrera la Orden de 6 de mayo de 1993 (libro 01, folio 281), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/727/90.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Antonio de la Rosa Cabrera, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 24 de marzo de 1992, recaída en el expediente nº 38/727/90, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 9 de mayo de 1990, en el Restaurante Rubens, sito en Pueblo Canario de San Eugenio, Playa de Las Américas, en el término municipal de Adeje, y mediante acta nº 15.396 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público, a granel, helados de diferentes sabores, no existiendo a la vista del público el número de Registro General Sanitario y la clase o tipo de helados, sin tener a disposición del público ni del Inspector actuante la composición cualitativa de los helados citados. Asimismo se comprueba que tiene para su uso en congelador distintas sopas y salsas cocinadas en el propio establecimiento para luego descongelarlas y usarlas.

Igualmente posee en estado de congelación, chuletas de res, y pescados con evidentes signos de haber perdido la cadena de frío (de estar congelados-descongelados y vuelta a congelar).

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 670/1983 (B.O.E. nº 78), sobre Reglamentación Técnica Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados; artículo 16.4 del Real Decreto 2.817/1983 (B.O.E. nº 270), sobre Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Comedores Colectivos, ambos en concordancia con el artículo 3.3.1 del Real Decreto 1.845/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 14 de abril de 1992, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que no está de acuerdo con la Resolución que se le ha remitido, toda vez que la misma no se ajusta a la realidad, pues en ningún momento se ha almacenado en cámara de mantenimiento y congelación productos incompatibles, sino que en todo momento se ha puesto cada producto en su lugar correspondiente.

En el momento de la inspección pudieron comprobar que existían salsas preparadas, pero no eran de varios días, sino que se habían preparado en ese mismo día, como así se le manifestó al inspector actuante; con respecto a las piezas de carnes, las mismas se encontraban en perfecto estado, pues su restaurante siempre ha tenido fama de utilizar productos de primera calidad. Con respecto a los helados, sí se encontraban el número de Registro Sanitario y la clase de helados, así como la composición de los mismos.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 27 del Real Decreto 670/1983 (B.O.E. nº 78), sobre Reglamentación Técnica Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados; artículo 16.4 del Real Decreto 2.817/1983 (B.O.E. nº 270), sobre Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Comedores Colectivos, ambos en concordancia con el artículo 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176, de 24 de julio).

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida por cuanto:

El recurrente como titular del establecimiento es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, siendo responsable del “origen, identidad e idoneidad de los productos o servicios que suministra” tal como se deduce del artículo 27 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, por tanto responde del incumplimiento de la normativa señalada en el Considerando segundo.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio de la Rosa Cabrera, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 24 de marzo de 1992, recaída en el expediente nº 38/727/90, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de 2 meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.

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