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BOC Nº 078. Miércoles 16 de Junio de 1993 - 1168

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

1168 - RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Indru Gobindram Chandiramani.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental, en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Indru Gobindram Chandiramani la Orden de 30 de marzo de 1993 (libro 01, folio 195), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/319/90.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Indru Gobindram Chandiramani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 8 de enero de 1992, recaída en el expediente nº 38/319/90, y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta mil (70.000) pesetas y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección Provincial de Melilla del Ministerio de Sanidad y Consumo el día 30 de enero de 1990, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el bazar Druzba, sito en la Avenida Francisco La Roche, 11, del Centro Residencial Anaga, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta 13.537 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público un radio-cassette, marca Champion, modelo LCT-168, que carecía de certificado de garantía y el manual de instrucciones venía en su totalidad en idioma extranjero. Solicitada la factura de compra del citado artículo se presentó la expedida por VIMATEX, Pérez Muñoz, 37, Las Palmas de Gran Canaria, nº de factura 7.920, imputándose, por estas infracciones, también a esta empresa.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 2.d), 11.2 y 13 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de setenta mil (70.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 17 de enero de 1992, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que no se le ha hecho entrega de la Propuesta de Resolución.

Que toda la mercancía que comercializa esta empresa tiene la garantía de la misma, para la cual se incluye en la caja correspondiente una tarjeta de Registro de Garantía.

Que el hecho de que el aparato en concreto no tuviera la aludida tarjeta, tuvo que ser debido a un error de la persona encargada de esta misión.

Que el mencionado aparato es de fácil manejo y además antes de su venta se explica perfectamente su utilización sin que nunca haya tenido ningún problema.

Que además como el recurrente es un pequeño importador tiene muchos problemas para que los proveedores le envíen las instrucciones en español.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria, Comercio y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 2.d), 11.2 y 13 de la Ley 26/1984 (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176, de 24 de julio).

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Comercio y Consumo.

Por cuanto: 1) Respecto a la alegación de no haberle hecho entrega de la Propuesta de Resolución: queda desvirtuada ya que en el expediente obra el acuse de recibo de la misma firmado por el recurrente el 11 de enero de 1991.

2) Por su parte, el artículo 11.2 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Ley 20/1984, de 19 de julio; B.O.E. de 24), establece la obligación del vendedor de entregar la garantía por escrito. Siendo responsable de la comisión de la infracción D. Gobindram Chandiramani, no pudiendo alegar como causa de exoneración de responsabilidad el que se debiera a un error de un empleado, pues el recurrente como titular del establecimiento debe velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en el desarrollo de su actividad.

3) Según se desprende de los artículos 2.d) y 13 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, los bienes y productos puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar las instrucciones o indicaciones para su correcto uso, advertencias y riesgos posibles, en este mismo sentido el Real Decreto de 2 de diciembre de 1988, nº 1.468/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales destinados a venta directa a los consumidores, dispone en su artº. 8 que la información obligatoria, entre la que figuran las instrucciones, deberá figurar al menos en castellano, lengua española oficial del Estado.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 147/1991, de 17 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Indru Gobindram Chandiramani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 8 de enero de 1992, recaída en el expediente nº 38/319/90, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de setenta mil (70.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de 2 meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria, Comercio y Consumo, Andrés Calvo González.

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