1992/069 - Miércoles 27 de Mayo de 1992
VI. ANUNCIOS
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C.la Presidencia
800 ANUNCIO de 7 de mayo de 1992, de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, relativo a notificación de expediente sancionador incoado a D. Tomás Sánchez Cáceres, titular de la empresa operadora nº 11.035, en ignorado paradero, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 219/91.
Se hace saber a D. Tomás Sánchez Cáceres, titular de la empresa operadora nº 11.035, que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Propuesta de Resolución, en el expediente sancionador incoado por la Dirección General de Justicia e Interior, Consejería de la Presidencia, con el nº 219/91, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, proponiéndose una sanción de seiscientas mil pesetas, por la instalación y funcionamiento en la Dulcería Calemar, sita en Las Caletillas, Edificio Calemar, al haberse comprobado por la Inspección del Juego según Acta de fecha 17 de julio de 1991, que la máquina recreativa tipo “A”, TF-A-4599, modelo A-1126, serie A-0082, se encuentra instalada en el local no autorizado. Asimismo, carece del Boletín de Instalación, llevando incorporado un Boletín para el Salón de Juegos Recreativos Victoria, del Reglamento del Juego y del Libro de Reclamaciones.
Lo que supone infracción a los artículos 19.1.A), 12, 31.1.b), c), d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta grave, la instalación de máquinas de juego tipo “B” en locales no autorizados, y procede sancionar con una multa de trescientas mil pesetas, por la carencia de Boletín de Instalación debe calificarse como falta grave y procede una sanción de doscientas mil pesetas, por la carencia del Libro de Reclamaciones y Reglamento de Juego, debe calificarse como falta grave y procede una sanción de cien mil pesetas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.1, 40.4 y de acuerdo con el artículo 42 del referido Decreto 93/1988.
No presenta alegaciones al Pliego de Cargos publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 17 de enero de 1992.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137.1 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que pueda alegar cuanto considere en su defensa.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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