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Con el fin de agilizar la tramitación administrativa que implica el desarrollo de la citada norma, el Gobierno tradicionalmente ha procedido por Decreto a declarar las acciones que se consideran de interés público, delegando a su vez en los titulares de los Departamentos el poder otorgar las que sean de la respectiva competencia en razón de la materia, hasta un límite, cuyo último tope, fijado por Decreto 56/1990, de 20 de marzo, se estableció en quince millones (15.000.000) de pesetas y se mantuvo en el Decreto 19/1991, de 21 de febrero.
En esa relación no se incluyen las subvenciones gestionadas ya que al regularse su concesión por normas específicas dictadas por la Administración del Estado, a ellas habrá de atenerse la Comunidad Autónoma.
Tampoco se incluyen aquellas subvenciones que siendo financiadas en su totalidad por la Administración Autonómica, requieran para su concesión una convocatoria pública y, consecuentemente, verificar los principios de concurrencia y publicidad establecidos con carácter general por el legislador y regulados por el Decreto 18/1991, de 21 de febrero, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La utilidad de la medida, demostrada en años anteriores, aconseja que para el presente ejercicio económico, se apruebe una norma similar, procurando en todo momento la mayor y mejor prestación del servicio público.
En su virtud, oídos todos los Departamentos del Gobierno, a propuesta conjunta de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 28 de febrero de 1992,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- En ejecución de lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 11/1991, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, se declaran de reconocido interés público las subvenciones incluidas en las respectivas líneas de actuación que se detallan en el anexo del presente Decreto.
Artículo 2.- Se delega en los miembros del Gobierno la facultad de otorgar individualmente las subvenciones que, declaradas como de interés público conforme al artículo anterior, se refieran a materias de sus respectivas competencias y sin que en ningún caso la cantidad individualizada pueda superar el importe de quince millones (15.000.000) de pesetas.
En cada Orden de concesión individualizada se hará constar:
a) Las razones de reconocido interés público que concurran para su otorgamiento.
b) El beneficiario, destino o finalidad y la cuantía.
c) La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto.
d) La forma y condiciones de abono o entrega.
e) La forma y plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad o destino.
f) Las condiciones impuestas al beneficiario, en su caso.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- El Gobierno, en todo momento, podrá avocar cualquier expediente de otorgamiento de subvención a que se refiere el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Para lo no previsto en el presente Decreto se estará a lo establecido en el Decreto 18/1991, de 21 de febrero, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de febrero de 1992.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA,
José Miguel González Hernández.
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