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BOC Nº 090. Lunes 8 de Julio de 1991 - 953

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.la Presidencia

953 - ANUNCIO de 17 de junio de 1991, de la Dirección General de Justicia e Interior, relativo a notificación de expediente sancionador incoado a Dña. Ana María González Marrero, en ignorado paradero, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 127/91.

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Se hace saber a Dña. Ana María González Marrero, con D.N.I. nº 43.600.564, que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado providencia y Pliego de Cargos, en el expediente sancionador incoado por la Dirección General de Justicia e Interior, Consejería de la Presidencia, con el nº 127/91, por haberse comprobado que la inculpada, en colaboración con Dña. Onelia Pacheco Alonso, ha organizado y pretende celebrar en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, unas rifas sin la preceptiva autorización administrativa del Director General de Justicia e Interior, rifas que, en combinación con el primer premio del sorteo de la O.N.C.E. del día 27 de diciembre de 1991, consisten en el sorteo de un automóvil Opel Corsa, mediante la adquisición por terceras personas de billetes o papeletas cuyo importe único asciende a 200 pesetas; y en las que, al parecer, el importe de los beneficios obtenidos se destinaría al Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife. Lo que supone infracción a los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 18 del Decreto 174/1989, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones Aleatorias de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 106, de 7.8.89), modificado parcialmente por el Decreto 87/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), así como a los artículos 5 y 6 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los juegos y apuestas en Canarias (B.O.C.A.C. nº 158, de 31.12.85).

Sancionándose como disponen los artículos 21.2.1.a), g) y n), 22 y siguientes de la Ley anteriormente citada, y 20.1, 23 y siguientes del citado Decreto 174/1989, de 31 de julio.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 136.3 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, se le concede un plazo de ocho días hábiles a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 1991.- El Director General de Justicia e Interior, Antonio Cruz Caballero.

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