BOC - 1991/055. Martes 30 de Abril de 1991 - 592

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

592 - ACUERDO de 10 de abril de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Cabildo Insular de La Palma.

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- Las modificaciones presupuestarias han producido un déficit en el Presupuesto definitivo, lo que implica que las modificaciones en el total del Estado de Gastos no se han financiado con las correspondientes modificaciones en el Estado de Ingresos. Hecho éste necesario para justificar los mismos, siempre que no se trate de aplicar el superávit disponible de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior (artículo 158.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Como consecuencia de ello, el Presupuesto del ejercicio 1989 se liquidó con un déficit de 24.563.225 pesetas, lo que ha sido salvado mediante la aprobación del Presupuesto de 1990 con un superávit por dicho importe.

2.- En Resultas se han liquidado obligaciones por importe inferior en 216.446 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de obligaciones previamente reconocidas, lo cual implica, necesariamente, que la Corporación habrá tramitado, los oportunos expedientes de baja.

En relación con este punto, deberá procurarse que, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones que previsiblemente no sean realizables.

3.- Son excepcionalmente elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, III, VII, VIII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto. En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 50,3% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

4.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, IV, VI y VIII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 61,40% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (87,2%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 4.

En relación con lo anterior, es de destacar como positivo que la inversión/habitante supera en 17.948 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada habitante recibe vía inversiones un importe superior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 8%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.

7.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, aunque unos y otras se encuentran, en gran parte, pendientes de cobro y pago, respectivamente.

8.- Las obligaciones reconocidas por el Pleno sin existencia de dotación presupuestaria ascienden a un importe de 42.583.004 pesetas, importe éste que hemos de considerar demasiado elevado, toda vez que la vía de reconocer obligaciones sin dotación presupuestaria que deja abierta el artículo 23.1.e) del Real Decreto-Legislativo 781/1986 debe ser utilizada únicamente con carácter excepcional, pues su empleo implica el no respeto a las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. Por tanto, su utilización debe ser restringida y limitada al ámbito de los gastos extraordinarios.

En este mismo sentido, es recomendable que cuando el hecho de referencia se produzca se proceda inmediatamente, si ello fuera posible, a realizar la oportuna modificación de créditos a fin de solventar con la mayor celeridad dicha situación, en lugar de esperar a su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente.

Para el caso concreto de esa Corporación, parece poco adecuado el que se haya retrasado el reconocimiento de las obligaciones por el Pleno a los meses de mayo y julio de 1989, teniendo en cuenta que corresponden a gastos que se realizaron durante el ejercicio 1988.

9.- Con relación al volumen del Presupuesto, el déficit obtenido a 31 de diciembre no es muy elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste incrementarse de forma importante.

10.- No consta la aprobación de la cuenta por el Pleno de la Corporación, lo que supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 39/1988. B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

1.- Unicamente se ha remitido la "Relación de préstamos y gravámenes".

A este respecto, es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de Fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado {REF artº. 24.f) del T.R.R.L.} y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta, asimismo, el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que:

"Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" {REF artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.}. Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible. 2.- Parece extraño que en el modelo TC/11 (Operaciones de crédito concertadas por la Corporación) figure una anualidad total por importe de 285.608.281 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro de los capítulos III (Intereses) y IX (Variación de Pasivos Financieros), figuran unas obligaciones liquidadas por importe únicamente de 205.565.646 pesetas.

3.- En la "Relación de préstamos y gravámenes" figura, en la parte 2ª "Aumentos", un importe de 186.523.176 pesetas, en tanto que en el capítulo IX (Variación de Pasivos Financieros) del Estado de Ingresos, figuran derechos liquidados por 468.477.000 pesetas.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- En el apartado "Situación" figuran existencias en 22 cuentas bancarias. Cabría indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requiere para una gestión adecuada.

En relación con lo anterior el artículo 175 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales dispone que:

"La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria."

Por otro lado, el artículo 119 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, recomienda la cancelación de aquellas cuentas para los que se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura.

Asimismo, se recomienda la formalización de convenios de Tesorería con las entidades de crédito que determinen el régimen de funcionamiento de las cuentas, el tipo de interés a que serán retribuidas, las comisiones que se han de pagar y las obligaciones de información que asumen las entidades, todo ello con el fin de conseguir una asignación óptima de los recursos y asegurar el buen funcionamiento del servicio.

2.- Figura una cuenta bancaria con saldo acreedor. Se deben realizar las acciones adecuadas respecto a la gestión de Tesorería a fin de evitar los descubiertos en cuentas bancarias, sobre todo si tenemos en cuenta la suficiencia global de los saldos de las cuentas analizadas.

3.- En el apartado "Situación" figuran existencias de valores depositados en tres cuentas bancarias. A este respecto, se recuerda que salvo que se trate de títulos de la deuda pública, acciones, obligaciones depositadas en entidades bancarias, o bien de una caja de seguridad en la que se hallen depositadas las fianzas, los valores depositados en la Corporación deben aparecer situados en la "Caja de la Corporación". 4.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 1.172.037.015 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 908.732.026 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 31,7% y un 28,9% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.

5.- Los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario a la fecha citada. No siendo válidos los remitidos por esa Corporación en relación con la Caixa y Banco de España, pues en ellos constan como fechas de expedición el 29.12.89 y 18.12.89.

6.- Las partidas conciliatorias no ofrecen una interpretación inequívoca de su significado, ya que:

a) No se especifica la fecha completa de contabilización por el Cabildo y por el Banco, ya que, con carácter general, se ha omitido esta última.

Por lo que resulta imposible determinar la fecha en que el Banco adeuda los cheques expedidos por el Cabildo.

b) No se utiliza en la descripción de los conceptos, una terminología homogénea. Además, la empleada resulta insuficiente, porque no se separan adecuadamente los cobros de los pagos formalizados por el Cabildo y no por el Banco y los cobros de los pagos formalizados por el Banco y no por el Cabildo. Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad municipal y la necesidad de un extremo rigor en su preparación y confección, por lo que se recomienda la realización de acciones adecuadas para mejorar este aspecto.

7.- En la conciliación individualizada de la cuenta nº 0010400001 de Canaribank figuran unos intereses a favor de la Corporación contabilizados por el Banco y no por ésta, por importe de 105.129 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto no figura dicha cantidad como pendiente de cobro en el capítulo V (Ingresos patrimoniales), hecho éste que supone el incumplimiento del principio del devengo.

8.- En el modelo TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería) no se ha incluido el movimiento trimestral de metálico y valores de VIAP que, aunque no es un elemento de las cuentas de Tesorería, fue solicitado a fin de comprobar sus variaciones trimestrales, así como para efectuar las adecuadas comprobaciones con el acta de arqueo, el folio del Libro de Caja donde figuran las existencias a 31.12 y la cuenta de VIAP. Por tanto, se solicita que en próximos ejercicios se envíe cumplimentado en su totalidad.

9.- Los modelos TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería) están mal confeccionados, toda vez que en los correspondientes al 2º, 3er y 4º trimestre se han hecho constar, en el apartado "Total cargo" , los importes que debían figurar en "Ingresos realizados durante el trimestre".

10.- En conexión con el punto 4, se observa en los resúmenes de las cuentas de Tesorería (Mod. TC/24) cierta irregularidad en los ingresos y pagos trimestrales, que se encuentran entre porcentajes del 5,2% y 52% del total. Como consecuencia de ello, se recomienda una distribución más uniforme de los mismos.

11.- No se ha remitido el expediente de tramitación de las cuentas de Tesorería, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, de 4 de agosto de 1952, pues la misma establece:

"Los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data sin unir los mandamientos.”

Siendo la consecuencia inmediata de la no rendición el que el Pleno no pueda ejercer las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L.

Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Del análisis del modelo V remitido se desprende que la existencia final en la Rúbrica "Retenciones" asciende a 49.725.519 pesetas, cifra que parece excesiva, teniendo en cuenta que los pagos trimestrales han ascendido durante 1989 a un promedio de 23.622.275 pesetas, por lo que se recomienda un análisis de dicha Rúbrica.

2.- Del análisis del modelo V y en referencia a la Rúbrica "MUNPAL", se observa que las existencias finales a 31.12.88 tenían un saldo negativo de 3.886.345 pesetas, hecho que supone que los pagos a la mutualidad han superado a las cuotas ingresadas, por lo que se recomienda un análisis del procedimiento establecido para su cálculo, con la finalidad de evitar que su deficiente determinación recaiga sobre el Presupuesto de la Corporación.

En relación con el punto anterior, causa extrañeza que a 31.12.89 no exista cantidad alguna en dicha Rúbrica, cuando deberían figurar las cuotas correspondientes al mes de diciembre.

3.- A través de la Rúbrica "Operaciones diversas" se está canalizando la tasa de gasolina, cuando la misma debería canalizarse por Presupuesto.

4.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta:

La no aprobación de la cuenta de VIAP por el Pleno supone el incumplimiento de lo establecido en la Regla 85 de la Instrucción de Contabilidad y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva, de no ejercicio de la atribución más importante que la Ley le encomienda.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

No se han remitido cuentas de recaudación pues dicho servicio no está constituido en la Corporación, puesto que la totalidad de los ingresos tributarios se realizan directamente en la Caja de la Corporación en vía voluntaria. Lo que no excluye la obligatoriedad de que el Tesorero, como Jefe de Servicios de Recaudación, elabore un estado de la gestión recaudatoria para conocimiento del Pleno Corporativo.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

1.- La liquidación correspondiente al Patronato Insular de Música no se adapta al modelo “E” de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980, pues carece de las columnas "Previsión inicial", "Modificación", "Previsión definitiva", "Recaudación líquida", "Pagos líquidos", "Pendiente de cobro" y "Pendiente de pago". Por lo que la información que ofrece es prácticamente inexistente. Se recomienda que se rectifique a la mayor brevedad.

En clara relación con lo anterior, de la comparación del total de "Derechos liquidados" y "Obligaciones liquidadas" con los "Ingresos" y "Gastos" del Resumen, se puede comprobar que las cantidades coinciden, lo que parece indicar que en dicho Patronato se contabiliza el contraído recaudado simultáneo, lo que conlleva el incumplimiento del principio de devengo.

2.- En la liquidación correspondiente al Patronato Deportivo Insular sucede exactamente igual que en el punto anterior, por lo que nos remitimos a lo expuesto en él.

3.- En la liquidación correspondiente al Patronato Deportivo Insular, en el capítulo I del Estado de Gastos, "Retribuciones de personal", se han liquidado obligaciones por importe superior a la previsión definitiva. Dando el carácter limitativo del Presupuesto de Gastos, no se pueden liquidar obligaciones por un importe mayor que la consignación presupuestaria.

4.- Como consecuencia de que el Presupuesto del Patronato Deportivo Insular fue liquidado con un déficit de 388.547 pesetas, el de 1990 debió ser inicialmente aprobado con un superávit por el mismo importe.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso. Hecho éste aun más extraño en el presente caso toda vez que las tres obras adjudicadas lo son por importes superiores a 25.000.000 de pesetas, cuando el artículo 117 del Reglamento de Contratos del Estado es muy restrictivo respecto a esa forma de adjudicación para importes superiores al antes indicado.

2.- Parece extraño que no se haya formalizado ningún expediente de contratación de suministros, teniendo en cuenta que aquel capítulo (II) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar normalmente a este tipo de contratos, suma un importe de 327.795.937 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 277.155.467 pesetas.

Asimismo, resulta extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación de obras por importe de 296.269.505 pesetas, teniendo en cuenta que aquel capítulo (VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 1.158.810.666 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 1.097.037.665 pesetas. De estos hechos podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes. A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.



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