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BOC Nº 054. Lunes 29 de Abril de 1991 - 588

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

588 - ACUERDO de 10 de abril de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Agaete (Gran Canaria).

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- En el Estado de Gastos, columna "Estado de Ejecución", las cantidades deberían figurar con signo negativo.

2.- En la situación económica, columna "Estado de Ejecución", línea "Total gastos", la cantidad consignada debería figurar con signo negativo.

3.- En la situación económica, columna "Estado de Ejecución", línea "Diferencias", debería figurar la cantidad de 12.224.893 pesetas.

4.- Las modificaciones presupuestarias introducidas son muy elevadas en relación con el Presupuesto inicial, ya que suponen un 21% de incremento sobre la previsión inicial del Estado de Gastos, aunque es preciso matizar que dichas modificaciones se han financiado en su mayor parte con mayores ingresos y el resto con cargo al superávit.

5.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III, IV y VII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 18,02% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

6.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, IV, VI y VII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 77,57% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

7.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es normal en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (53%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 6.

En relación con lo anterior, es de destacar como negativo que la inversión/habitante es inferior en 1.349 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe inferior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

8.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 4%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.

9.- Se ha obtenido un nivel alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y normal en cuanto a las obligaciones liquidadas, aunque unos y otras se encuentran, en gran parte, pendientes de cobro y pago, respectivamente.

10.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 5 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse de forma importante.

11.- La aprobación de la cuenta se ha producido con retraso en relación con la fecha establecida en el artículo 193.4 de la Ley 39/1988. En este sentido, se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de resolver dicha situación en el futuro.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

1.- Los bienes figurados en el activo de la cuenta, por los valores asignados, aparentemente figuran sin actualizar. A título de ejemplo podemos citar: Bien Valor

Una casa o salón, conocido por "Recova" en calle Lugo. 30.000

Una casa-escuela para maestra en el Barrio de El Hornillo. 40.000

Un grupo escolar, con campo de deportes y todas las instalaciones necesarias en Juan de Armas, 6. 800.000

Una casa-escuela y vivienda maestra en Vecindad de Enfrente (Valle). 30.000

Así podríamos continuar con la casi totalidad de los bienes, hasta el extremo de que el importe total de los bienes de titularidad municipal tienen un valor de 55.712.361 pesetas.

El artículo 33.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ordena la anual verificación del inventario de bienes de la Corporación local. Lo que dicho precepto denomina rectificación comprende "las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos".

2.- En el modelo TC/11 (Operaciones de crédito concertadas por la Corporación) únicamente se han incluido los concertados durante el ejercicio 1989, lo que imposibilita su comparación con el pasivo de la cuenta.

3.- En el "Resumen" de la relación de préstamos y gravámenes figuran unas amortizaciones por importe de 1.531.822 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro del capítulo IX (Variación de Pasivos Financieros) del Estado de Gastos, figuran unas obligaciones liquidadas por importe de 1.301.712 pesetas, con unos pagos líquidos de 1.224.197 pesetas.

4.- La rendición y aprobación de la cuenta se ha producido con un gran retraso en relación con el calendario establecido en el artículo 193 de la Ley 39/1988. Habiéndose realizado dicha aprobación sobre una cuenta que con posterioridad a dicha aprobación fue rectificada en varios aspectos, motivo por el que se requiere un nuevo acuerdo plenario por el que se apruebe la nueva cuenta confeccionada.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 29.411.834 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social. Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.

2.- En el apartado "Situación" figuran 2.943.590 pesetas como existencias en "Caja General de Depósitos". Por esta denominación hemos de entender que se trata de fianzas definitivas o provisionales constituidas por los contratistas en forma de aval, metálico o títulos de deuda pública (artículos 340 y 350 del Reglamento General de Contratos del Estado), hecho que implica el incumplimiento por parte de la Corporación de lo dispuesto en el artículo 88.4 de la Ley 7/1985, el disponer ésta que las fianzas deberán depositarse en la Caja de la Corporación contratante.

En este sentido, es necesario hacer constar que el artículo 5 de la Ley 7/1985 establece claramente que las Entidades locales se rigen en materia de contratos en primer término por la misma y, en segundo lugar, por la legislación del Estado.

Por todo ello, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.

3.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 20.317.420 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 22.078.593 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 12,04% y un 15,63% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.

4.- No se ha remitido la justificación del saldo de la cuenta nº 1036 de la Caja Insular. En este sentido es necesario hacer constar que los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.

5.- Las partidas conciliatorias incluidas no ofrecen una interpretación inequívoca de su significado, ya que:

a) No se especifica la fecha completa de contabilización por el Ayuntamiento y por el Banco, ya que, con carácter general, se ha emitido esta última.

Por lo que resulta imposible determinar la fecha en que el Banco adeuda los cheques expedidos por el Ayuntamiento.

b) No se utiliza en la descripción de los conceptos, una terminología homogénea. Además, la empleada resulta insuficiente, porque no se separan adecuadamente los cobros de los pagos formalizados por el Ayuntamiento y no por el Banco y los cobros de los pagos formalizados por el Banco y no por el Ayuntamiento.

Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad municipal y la necesidad de un extremo rigor en su preparación y confección, por lo que se recomienda la realización de acciones adecuadas para mejorar este aspecto.

6.- La rendición de las cuentas de Tesorería se ha producido de forma conjunta para los cuatro trimestres en fecha 17 de mayo de 1990, lo que supone un gran retraso en relación con el calendario establecido en la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, de 4 de agosto de 1952, pues la misma establece que:

"Los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos."

Siendo la consecuencia inmediata de dicho retraso el que la aprobación por el Pleno, en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L., se haya producido con tal retraso que casi invalida el sentido de dichas cuentas.

Se recomienda que con relación a este aspecto se tomen las medidas oportunas a fin de evitar su repetición en el futuro.

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 1 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- En la Subrúbrica "MUNPAL" figuran unas existencias a 31.12.88 por importe de 1.498.868 pesetas y, sin embargo, el pago a la mutualidad por las retenciones correspondientes al mes de diciembre de 1988 se eleva a 782.366 pesetas, es decir, existe una diferencia de 716.502 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas.

3.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se incluyen salidas por ayudas de nupcialidad, concepto no contemplado en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 2.531/1986, de 14 de noviembre, que indica que de la cuenta especial de VIAP, Rúbrica "MUNPAL", únicamente podrán disponerse fondos para el pago de las nóminas de pensionistas, para efectuar transferencias a la mutualidad en virtud de las liquidaciones mensuales o para compensar las retenciones que se mencionan en el artículo 4 de dicha norma.

4.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se detecta que los ingresos a favor de la mutualidad se producen fuera de las fechas reglamentarias; a título de ejemplo, los correspondientes al mes de junio tienen salida el 10 de agosto.

5.- Se ha incluido en una sola Rúbrica las retenciones correspondientes a IRPF, I.G.T.E. y Seguridad Social, lo que produce confusión acerca de sus movimientos.

En este sentido, se recuerda que el hecho de que el número y denominación de Rúbricas sea cerrado no es óbice para que aquellas Corporaciones en que sea necesario, puedan perfectamente desglosar tales Rúbricas en tantas Subrúbricas como sea preciso.

6.- Del análisis de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

El hecho de referencia provoca que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo, siendo la finalidad perseguida la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo.

7.- La aprobación de la cuenta se ha producido con gran retraso en relación con el calendario establecido en la Regla 84.2 de la Instrucción de Contabilidad.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

1.- Del modelo ACC/6 (Recaudación por recaudador) se desprende que el recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda el que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.

2.- Se observa que alguno de los tributos recaudados carece de Ordenanza Fiscal reguladora, como mantenimiento de contadores.

En este sentido, es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro.

a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente ordenanza fiscal.

b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición.

No obstante, las Entidades locales (municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias.

3.- Se ha remitido únicamente una cuenta que incluye valores-recibos, cuando en realidad se debían haber remitido dos cuentas diferentes, una por valores-recibos y otra por valores-certificaciones de descubierto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 187 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad aprobada por Decreto 2.260/1989 y el artículo 3.1 del Decreto 3.697/1974, de 20 de diciembre (B.O.E. nº 23, de 27.1.75).

En relación con lo anterior, la aprobación de dichas cuentas corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, al Pleno de la Corporación.

4.- En la cuenta rendida se hace constar que se incluyen valores del contraído de débitos del ejercicio 1989, no constando el del resto de ejercicios, que lógicamente deberían figurar en ejecutiva.

En relación con lo anterior, no se entiende que figuren valores como pendientes de cobro de la cuenta anterior, toda vez que si corresponden a contraídos de 1989 no hay cuenta anterior, lo que nos lleva a la conclusión de que están mezclados valores correspondientes a diversos ejercicios.

5.- Como corolario a todo lo anterior podemos llegar a la conclusión de que lo rendido por el recaudador no puede considerarse una cuenta de recaudación, lo que ha imposibilitado el poder realizar un análisis profundo de la recaudación, asimismo impide el que el Pleno de la Corporación pueda ejercitar en plenitud el contenido del acto de aprobación de la cuenta, establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva de falta de control sobre la actividad recaudatoria. Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.

6.- En cuanto a la no rendición de la cuenta por valores-certificaciones de descubierto, incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.

Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.

7.- La aprobación de la cuenta se ha producido con gran retraso en relación con el calendario establecido en el artículo 3.1 del Decreto 3.697/1974.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- La totalidad de las adjudicaciones de obras y suministros se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso.

2.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación por importe de 27.450.192 pesetas, teniendo en cuenta que aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 111.037.699 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 90.636.744 pesetas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes. A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La Corporación alega que no hay Presupuesto General ya que no existen en la Corporación Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles. En este sentido es necesario hacer constar que en el caso de esa Corporación dicho Presupuesto estará exclusivamente integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, que es el que debió haberse remitido.

Asimismo, se recuerda lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 de la Ley 39/1988, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.

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