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BOC Nº 054. Lunes 29 de Abril de 1991 - 583

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

583 - ACUERDO de 10 de abril de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (La Palma).

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- En el capítulo 0 (Resultas), del Estado de Ingresos, se observa que se han contabilizado de forma incorrecta modificaciones presupuestarias por un importe de 4.005.273 pesetas, toda vez que en dicho capítulo las bajas que se produzcan deben figurar directamente como menores derechos liquidados y reflejarse directamente en la columna "Estado de Ejecución".

El hecho expuesto implica que necesariamente la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.

En este mismo sentido, deberá procurarse, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio, efectuar una depuración de derechos que posiblemente no sean realizables.

2.- El hecho anterior ha producido un déficit contable en el Presupuesto definitivo por importe de 3.740.898 pesetas.

3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III, IV y VI, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 51,2% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

4.- Son asimismo muy elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, IV, VI y VII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto. En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 81,2% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es normal en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en gran parte (34,9%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 4.

En relación con lo anterior, es de destacar como positivo que la inversión/habitante supera en 1.011 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe superior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 21%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son excesivos, motivo por el que debería procederse, a la mayor brevedad posible, a su reducción.

Como consecuencia de lo anterior, la carga financiera/habitante está en 3.773 pesetas, lo que implica que cada vecino anualmente debe soportar una carga de dicho importe como consecuencia del endeudamiento municipal.

7.- Se ha obtenido un nivel muy bajo de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y alta en cuanto a la de obligaciones, encontrándose unos y otras, en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.

8.- Con relación al volumen del Presupuesto, el déficit obtenido a 31 de diciembre es muy elevado; además, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3 en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste incrementarse.

9.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple de forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

1.- No se ha remitido la documentación siguiente:

- La Cuenta de Administración del Patrimonio. - El Estado de situación patrimonial.

- El expediente de tramitación de la cuenta.

A este respecto, es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de Fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado {REF artº. 24.f) del T.R.R.L.} y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifesta, asimismo, el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que:

"Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" {REF artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.}.

Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible. 2.- Parece extraño que en el modelo TC/11 (Operaciones de crédito concertadas por la Corporación) figure una anualidad total por importe de 25.913.468 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro de los capítulos III (Intereses) y IX (Variaciones de Pasivos Financieros), figuran unas obligaciones liquidadas de 20.848.174 pesetas, con unos pagos líquidos de 19.495.533 pesetas.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- En el acta de arqueo, apartado "Presupuestos", línea "Unico", columna "Ingresos desde dicho arqueo", figura la cantidad de 136.902.693 pesetas, cuando la que debe aparecer es 136.902.698 pesetas.

2.- Figuran dos cuentas bancarias con saldo acreedor. Se deben realizar las acciones adecuadas respecto a la gestión de Tesorería a fin de evitar los descubiertos en cuentas bancarias, sobre todo si tenemos en cuenta la suficiencia global de los saldos de las cuentas analizadas.

3.- La escasa cuantía de los saldos de algunas cuentas puede ser indicativa de una escasa utilización. Por consiguiente, convendría reconsiderar los criterios seguidos para el mantenimiento de cuentas inactivas o con poco movimiento y proceder, en su caso, a su cancelación.

A estos efectos, cabe indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requerirá para una gestión adecuada.

4.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 11.770.264 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto. 5.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 136.902.698 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 136.805.261 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 99,81% y un 100% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente hemos de llegar a la conclusión de que únicamente se ha efectuado un arqueo durante el ejercicio 1989, el correspondiente al 31.12.89.

En este sentido es necesario recordar que los arqueos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los primeros se efectúan al final de cada mes y los extraordinarios siempre que sea preciso, a petición de cualquiera de los claveros o con ocasión de la toma de posesión o del cese de alguno de ellos.

6.- No se ha remitido la fotocopia del Libro de Caja donde figuran las existencias a 31.12.89, lo que ha imposibilitado el comprobar que las cantidades incluidas en el acta de arqueo coinciden con ellas. 7.- Los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.

8.- No se acompaña ningún documento de conciliación de saldos bancarios ya que se supone que deben de coincidir los saldos bancarios con los contables. Este hecho resulta singular porque lo más frecuente es que no coincidan a causa de la existencia de partidas en tránsito en ambas direcciones, además de otra información desconocida o imprecisa en el momento del cierre de las operaciones. Cabe indicar que en el acta de arqueo han de figurar los saldos que resultan de la contabilidad del Ayuntamiento, los cuales se harán coincidir con los bancarios mediante las oportunas conciliaciones.

9.- No se ha remitido el modelo TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería) por lo que resulta desconocido el movimiento trimestral de "Metálico" del Presupuesto, así como el de "Metálico" y "Valores" de VIAP que, aunque no es un elemento de las cuentas de Tesorería, fue solicitado a fin de comprobar sus variaciones trimestrales, así como para efectuar las adecuadas comprobaciones con el acta de arqueo, el folio del Libro de Caja donde figuran las existencias a 31.12 y la cuenta de VIAP. Por tanto, se solicita que en próximos ejercicios se envíe cumplimentado en su totalidad.

10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de las cuentas.

La no rendición de las cuentas de Tesorería incumple lo dispuesto por la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos.

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 4 del apartado referido a Tesorería, de las fotocopias del Libro de VIAP se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello, es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- No se ha remitido el modelo V aprobado por la Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 15 de enero de 1980.

3.- En la Subrúbrica "Seguridad Social" se observa que la entrada en VIAP de las cuotas a cargo de los trabajadores se producen fuera de los plazos reglamentarios; a título de ejemplo, las correspondientes al mes de febrero tienen entrada el 7 de marzo.

4.- En la Subrúbrica "Seguridad Social" no figura ninguna entrada en concepto de cuotas patronales a cargo de la Corporación. En este sentido, cabe indicar que las citadas cuotas deben ser ingresadas en VIAP con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal correspondiente a la misma mensualidad, y no mantenerse en Presupuesto hasta que se produzca el ingreso en la Tesorería General, debiendo formularse por tanto la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la suma en tanto no se cumpla aquel requisito.

5.- En la Subrúbrica "IRPF" las entradas en VIAP de las retenciones relativas a las nóminas se registran en ocasiones con gran retraso; a título de ejemplo, las del personal laboral fijo del mes de febrero entran el 7 de marzo lo que supone un desfase excesivo aun en el caso de que dichas retenciones se contabilicen en el momento del cargo bancario del mandamiento de pago relativo a dicha nómina.

6.- En la Subrúbrica "IRPF" se observa que los pagos a la Hacienda Pública, por las retenciones efectuadas, se producen en ocasiones fuera de los plazos reglamentarios; a título de ejemplo, los correspondientes al cuarto trimestre de 1988 se pagan el 10 de abril de 1989.

A este respecto, cabe indicar que el artículo 152 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas señala que el sujeto obligado a retener deberá presentar en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante la Delegación de Hacienda, o en su caso, Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal del retenedor, declaración de las cantidades retenidas en el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en el Tesoro Público.

7.- En la Subrúbrica "MUNPAL" no figura ninguna entrada en concepto de cuotas patronales a cargo de la Corporación. En este sentido, cabe indicar que las citadas cuotas deben ser ingresadas en VIAP con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal correspondiente a la misma mensualidad, y no mantenerse en Presupuesto hasta que se produzca el ingreso en la mutualidades, debiendo formularse por tanto la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la suma en tanto no se cumpla aquel requisito.

8.- En la Subrúbrica MUNPAL se observa, asimismo, que la entrada en VIAP de las cuotas a cargo de los funcionarios se producen fuera de los plazos reglamentarios; a título de ejemplo, las correspondientes al mes de mayo tienen entrada el 30 de junio.

9.- Del análisis de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

El hecho de referencia provoca que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo, siendo la finalidad perseguida la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo.

10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta:

La no aprobación de la cuenta de VIAP por el Pleno supone el incumplimiento de lo establecido en la Regla 85 de la Instrucción de Contabilidad y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, con lo que ello conlleva, de no ejercicio de la atribución más importante que la Ley le encomienda.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

1.- Se observa que alguno de los tributos recaudados carece de Ordenanza Fiscal reguladora, como arbitrio de perros.

En este sentido, es necesario recordar que los límites de la potestad de las Entidades locales para decidir la imposición de sus tributos propios, esto es, la aplicación de dichos tributos en su respectivo ámbito territorial, están fijados en el artículo 15 de la Ley 39/1988, precepto éste que parte de la distinción entre tributos locales de carácter potestativo, por un lado, y tributos locales de carácter obligatorio, por otro.

a) Respecto de los tributos de carácter potestativo o voluntario, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es absoluta, de suerte tal que dichos tributos no podrán ser exigidos si previamente no ha sido acordada su imposición mediante la correspondiente ordenanza fiscal.

b) Respecto de los tributos de carácter obligatorio, la potestad de las Entidades locales para decidir su imposición es nula. En consecuencia, dichos tributos tienen que ser exigidos, necesariamente, sin precisar acuerdo alguno de imposición. No obstante, las Entidades locales (municipios) sí tienen una cierta capacidad de decisión en el ámbito de los tributos (impuestos) de carácter obligatorio, capacidad ésta que se refiere a la posibilidad de fijar los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias.

2.- Solo se ha remitido una cuenta de la gestión recaudatoria, que incluye valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, correspondiente al periodo 1982/89, cuando en realidad se debería haber remitido dos cuentas diferentes, una por valores-recibos y otra por valores-certificaciones de descubierto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 187 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad aprobada por Decreto 2.260/1989 y el artículo 3.1 del Decreto 3.697/1974, de 20 de diciembre (B.O.E. nº 23, de 27.1.75).

En relación con lo anterior, la aprobación de dichas cuentas corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, al Pleno de la Corporación.

3.- La cuenta por valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto, rendida por el recaudador municipal al 31.12.89 no se adapta al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969.

4.- En la cuenta rendida se observa que se han producido unos ingresos en voluntaria como por ejemplo en el Impuesto de Circulación de Vehículos correspondientes a los ejercicios 1983/88, cuando dichos valores deberían estar en su totalidad en vía ejecutiva.

A este respecto se recuerda lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación (Decreto 3.154/1968), en lo que se refiere al plazo de ingreso en periodo voluntario de deudas por recibo.

5.- No parece que exista correspondencia entre los valores pendientes de cobro del ejercicio 1989, obtenidos de la liquidación del Presupuesto, y los que se desprende de la cuenta de la gestión recaudatoria del ejercicio.

6.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores hubiera supuesto su baja en cuenta.

A este respecto, se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.

7.- Hay tributos de recaudación obligatoria que no figuran en la cuenta rendida, por lo que hemos de suponer la existencia de algún otro recaudador encargado de su cobranza. En este sentido es necesario recordar que la no rendición de las cuentas de recaudación incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.

Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto, que una vez solucionado redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.

8.- De la cuenta rendida se desprende que los ingresos realizados en voluntaria representan un 95,42% de los cargos efectuados, lo que ha de considerarse un buen porcentaje, pues se estima que la recaudación normal ha de superar el 70%.

9.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1989 son muy bajos, ya que representan un 8% de los valores pendientes.

10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta, por lo que no consta:

- La fecha de rendición por el recaudador municipal.

- La Memoria del recaudador aneja a la misma.

- Informe propuesta de la Comisión Liquidadora.

- Informe de la Tesorería en el que se haga constar la apertura de expedientes de declaración de perjuicio de valores.

- Informe de la Intervención.

- Aprobación por el Pleno de la Corporación.

Se recomienda acometer las medidas oportunas a fin de resolver este aspecto. F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

No se ha remitido la relación de contratos (Mod. TC/9).

A este respecto hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.

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