BOC - 1991/053. Viernes 26 de Abril de 1991 - 572

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

572 - ACUERDO de 10 de abril de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Ingenio (Gran Canaria).

Descargar en formato pdf

Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situacion del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- El el capítulo 0 (Resultas) de Ingresos y Gastos se observa que se han contabilizado de forma incorrecta modificaciones presupuestarias por importe de 8.655.568 pesetas y 816.578 pesetas, respectivamente, toda vez que en dicho capítulo las bajas que se produzcan deben figurar directamente como menores derechos y obligaciones liquidadas y reflejarse directamente en la columna "Estado de Ejecución".

El hecho expuesto implica que necesariamente la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.

En este sentido, deberá procurarse que para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones. 2.- Las modificaciones presupuestarias introducidas son muy elevadas en relación con el Presupuesto inicial, ya que suponen un 37% de incremento sobre la previsión inicial del Estado de Gastos, aunque es preciso matizar que dichas modificaciones se han financiado en su mayor parte con mayores ingresos y el resto con cargo al superávit.

3.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II, III, IV, VII, VIII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 41,64% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

4.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, VI, VII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 32,72% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

5.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (49,62%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 4.

En relación con lo anterior, es de destacar como negativo que la inversión/habitante es inferior en 4.200 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe inferior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

6.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 32%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son excesivos, motivo por el que debería procederse, a la mayor brevedad posible, a su reducción a fin de evitar que la carga sobre el Presupuesto se convierta en insoportable.

7.- Se ha obtenido un nivel bajo de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y obligaciones, encontrándose, además, unos y otras, en gran parte, pendientes de cobro y pago, respectivamente. 8.- Las obligaciones reconocidas por el Pleno sin existencia de dotación presupuestaria ascienden a un importe de 24.769.021 pesetas, importe éste que hemos de considerar demasiado elevado, toda vez que la vía de reconocer obligaciones sin dotación presupuestaria que deja abierta el artículo 23.1.e) del Real Decreto-Legislativo 781/1986 debe ser utilizada únicamente con carácter excepcional, pues su empleo implica el no respeto a las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. Por tanto, su utilización debe ser restringida y limitada al ámbito de los gastos extraordinarios.

En este mismo sentido, es recomendable que cuando el hecho de referencia se produzca se proceda inmediatamente, si ello fuera posible, a realizar la oportuna modificación de créditos a fin de solventar con la mayor celeridad dicha situación, en lugar de esperar a su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente.

Para el caso concreto de esa Corporación, parece poco adecuado el que se haya retrasado el reconocimiento de las obligaciones por el Pleno a 30.03.90 y 22.06.90, teniendo en cuenta que se corresponden a gastos que se realizaron durante el ejercicio 1989.

9.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3 del presente apartado, en caso de que produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse de forma importante.

10.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple de forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

No se ha remitido la documentación siguiente:

- La Cuenta de Administración del Patrimonio.

- El estado de situación patrimonial.

- El expediente de tramitación de la cuenta.

A este respecto, es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de Fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado {REF artº. 24.f) del T.R.R.L.} y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta, asimismo, el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que:

"Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ..., los cuales comprenderán todas las operaciones ... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).

Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 65.634.929 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social. Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.

2.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 137.364.907 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 123.322.426 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 17,27% y un 15,92% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.

3.- Los intereses de la cuenta nº 3508/00012 de la Caja Insular de Ahorros no son contabilizados por el criterio del devengo, sino en el momento en que, a través de las posibles conciliaciones periódicas, se detecta el abono de los mismos, toda vez que en el capítulo V del Estado de Ingresos de la liquidación del Presupuesto, no figura cantidad alguna como pendiente de cobro.

Se recomienda el respeto al principio del devengo, al objeto de no desvirtuar los resultados correspondientes a cada ejercicio.

4.- En la cuenta nº 3508/00418 de la Caja Insular de Ahorros sucede exactamente igual que en el punto anterior por un importe de 48.771 pesetas, por lo que nos remitimos a lo en él expuesto.

5.- Las cuentas de Tesorería han sido aprobadas de forma conjunta y con gran retraso en relación al calendario establecido en la Regla 84.1 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales. Además, han sido aprobadas de forma incorrecta por Decreto de la Alcaldía, toda vez que ello supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, que asigna dicha facultad al Pleno de la Corporación. D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 1 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- En la cuenta de VIAP rendida se incluye, erróneamente, como primer documento la cuenta-resumen (modelo 29 de la Circular del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, de 1 de diciembre de 1958), toda vez que la misma fue sustituida por el formulario V establecido por la Resolución de la Dirección General de Administración Local, de 15 de enero de 1980, que era precisamente el que se solicitaba que fuera remitido por esa Corporación.

En relación a este aspecto, se recomienda que se emprendan las acciones oportunas a fin de solventarlo.

3.- En la Subrúbrica "IRPF" figuran unas existencias a 31.12.89 por importe de 8.215.001 pesetas (primer asiento de 1989) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1988 se eleva a 8.111.069 pesetas, es decir, existe una diferencia de 103.932 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas a favor del Tesoro Público. 4.- En la Subrúbrica "IRPF" las entradas en VIAP de las retenciones relativas a las nóminas se registran en ocasiones con gran retraso; a título de ejemplo, las del personal de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1988 entran el 19.01.90, lo que supone un desfase excesivo aun en el caso de que dichas retenciones se contabilicen en el momento del cargo bancario del mandamiento de pago relativo a dicha nómina.

5.- En la Subrúbrica "ITE" no se observa que se produzcan los pagos trimestrales correspondientes a las retenciones efectuadas, lo que puede provocar la incursión en responsabilidad fiscal por parte de esa Corporación.

6.- En la Subrúbrica "Seguros Sociales" se observa asimismo, que la entrada en VIAP de las cuotas a cargo de los trabajadores se produce fuera de los plazos reglamentarios; a título de ejemplo, las correspondientes al mes de diciembre tienen entrada el 5.01.89.

7.- En la Subrúbrica "Seguros Sociales" no figura ninguna entrada en VIAP en concepto de cuotas patronales a cargo de la Corporación. En este sentido, cabe indicar que las citadas cuotas deben ser ingresadas en VIAP con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal correspondiente a la misma mensualidad, y no mantenerse en Presupuesto hasta que se produzca el ingreso en la Tesorería General, debiendo formularse, por tanto, la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito.

8.- En la Subrúbrica "MUNPAL", las entradas en VIAP de las cuotas a cargo de la Corporación se registran con gran retraso; a título de ejemplo, la correspondiente al mes de diciembre tiene entrada el 31.01.89. En este sentido cabe indicar que, según el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 2.531/1986, de 14 de noviembre, las entradas citadas deben hacerse necesariamente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal activo correspondiente a la misma mensualidad, debiendo formularse, en caso contrario, la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito.

9.- En la Subrúbrica "MUNPAL", y en relación con el punto anterior, existe una grave confusión en cuanto a fechas de ingreso en VIAP de las cuotas, siendo casi imposible diferenciar entre las a cargo del personal y de la Corporación.

10.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se detecta que los ingresos a favor de la mutualidad se producen fuera de las fechas reglamentarias; a título de ejemplo, los correspondientes al mes de diciembre de 1988 tienen salida el 10.02.89.

11.- Del análisis de la Rúbrica "Operaciones diversas" se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

El hecho de referencia provoca que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo, siendo la finalidad perseguida la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo.

12.- La cuenta ha sido aprobada con un gran retraso y además de forma incorrecta por Decreto de la Alcaldía, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 dicha facultad corresponde al Pleno de la Corporación.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

1.- En el estado de gestión recaudatoria rendido por el Tesorero se observa que los valores pendientes de cobro de ejercicios anteriores figuran en su totalidad en periodo voluntario, lo que supone el desconocimiento de lo establecido en el artículo 50 del Reglamento General de Recaudación.

2.- En clara relación con lo anterior, se observa que a 31.12.89 el importe de los valores que han pasado a vía ejecutiva es muy reducido en relación con los valores pendientes de cobro, lo que no hace sino reafirmar lo ya observado.

3.- Aunque la Corporación no tenga recaudadores y sea, por tanto, el Tesorero (como Jefe de la Recaudación) el que recauda la totalidad de los valores, no excluye la obligación por parte de éste de rendir los estados de gestión recaudatoria al Pleno de la Corporación, a fin de que éste tenga un conocimiento exacto de la gestión recaudatoria.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

En la liquidación del Patronato Escuelas Infantiles se observa que son altas las cantidades pendientes de cobro en Resultas, por lo que se recomienda un análisis de las mismas, dando de baja las que sean de difícil o imposible recaudación. G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trata de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso.

2.- Se han adjudicado las obras siguientes:

Denominación Importe

Centro comercial de productos autóctonos. 27.901.714

Asfaltado Plaza Santo Domingo y otras. 26.723.237

por contratación directa, tal como expusimos en el punto anterior, hecho éste que causa extrañeza teniendo en cuenta lo restrictivo que resulta el artículo 117 del Reglamento General de Contratos del Estado para dicha forma de contratación para importes superiores a 25.000.000 de pesetas.

3.- Parece extraño que no se haya formalizado ningún expediente de suministros, teniendo en cuenta que aquel capítulo (II) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a este tipo de expedientes, suma un importe de 234.484.873 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 207.465.105 pesetas.

En este mismo sentido, resulta extraño que únicamente se hayan formalizado expedientes de obras por un importe de 71.303.740 pesetas, teniendo en cuenta que aquel capítulo (VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar a este tipo de expedientes, suma un importe de 450.415.716 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 236.926.326 pesetas.

De estos hechos podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.

A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros. H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.



© Gobierno de Canarias