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BOC Nº 041. Lunes 1 de Abril de 1991 - 440

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Economía y Comercio

440 - RESOLUCION de 6 de marzo de 1991, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Méndez Martín.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Méndez Martín la Orden de 1 de febrero de 1991 (libro nº 1, folio 33, número 835), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 38-378/87 (expte. nº 38-378/87), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo (p.d.) de Las Palmas, de 16 de febrero de 1989.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de 1991.- El Secretario General Técnico, José L. González Moure.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Méndez Martín, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 16 de febrero de 1989, por la que se impone al recurrente, en el expte. nº 38-378/87, una sanción de 30.000 pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada el día 11 de marzo de 1988 por Inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo en Avenida Penetración, s/n, Edificio Guayero, Los Cristianos, resultó, y así consta en el Acta levantada al efecto, tenía a la venta diversas piezas de pan común, hallándose la cesta directamente apoyada en el suelo, la misma estaba en la zona de autoservicio manipulando el público directamente la misma, tampoco exhibían los precios de las diversas piezas ni el cartel oficial con el precio y peso autorizado.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba la infracción de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2, 2, 2.1.1 y 2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), en relación al artº. 10.10 de la R.T.S. del comercio minorista de alimentación, Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), y artº. 9 del Real Decreto 1.137/1984, de 28 de marzo (B.O.E. nº 146), y artº. 1 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), y artº. 12 de la Orden de 26 de marzo de 1976, del Ministerio de Comercio (B.O.E. nº 75).

Tercero: que, con fecha 16 de febrero de 1989, la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente con una multa de 30.000 pesetas, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarto: que, contra la precitada Resolución, se interpone recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias que tiene entrada en este Departamento con fecha 28 de marzo de 1989, con base a los siguientes fundamentos:

Que en su descargo cabe decir que aunque la cesta estaba en el suelo, el pan no tenía contacto alguno con el mismo.

En la cesta había bolsas de plástico que el cliente usa a modo de guante.

El cartel oficial de precios estaba colocado en la caja de cobros.

Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma y siendo competente para resolver la Consejería de Economía y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2, 2, 2.1.1 y 2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), en relación al artº. 10.10 de la R.T.S. del comercio minorista de alimentación, Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), y artº. 9 del Real Decreto 1.137/1984, de 28 de marzo (B.O.E. nº 146), y artº. 1 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), y artº. 12 de la Orden de 26 de marzo de 1976, del Ministerio de Comercio (B.O.E. nº 75).

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 33.1 del Decreto Territorial 1/1986, de reestructuración orgánica y distribución de competencias de la Presidencia del Gobierno, en relación al artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues, no comportan justificación legal que permita anular la calificación jurídica de los hechos, y con ellos la sanción impuesta.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, corresponde al titular del Departamento la resolución de los recursos promovidos contra las Resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquellos en dictámenes anteriores, no siendo preceptivo tal informe de conformidad con lo previsto en el artº. 84.1.d) del Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia.

VISTOS

Además, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 120/1987, de 7 de agosto, y el 254/1987, de 10 de agosto, ambos del Gobierno de Canarias, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de particular aplicación.

El Consejero de Economía y Comercio, en uso de las compentencias que le atribuyen las disposiciones vigentes,

A C U E R D A

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Méndez Martín, en la condición que ostenta, contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de 16 de febrero de 1989, recaída en el expte. nº 38-378/87 y que determinó la imposición de una sanción de 30.000 pesetas, manteniéndose en consecuencia todos los pronunciamientos de la Resolución recurrida.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la presente resolución. El Consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández Pérez.

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