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BOC Nº 041. Lunes 1 de Abril de 1991 - 433

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

433 - ACUERDO de 13 de marzo de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Cabildo Insular de El Hierro.

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Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- Las modificaciones presupuestarias han producido un déficit en el Presupuesto definitivo, lo que implica que las modificaciones en el total del Estado de Gastos no se han financiado con las correspondientes modificaciones en el Estado de Ingresos. Hecho éste necesario para justificar las mismas, siempre que no se trate de aplicar el superávit disponible de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior (artículo 158.4 de la Ley 34/1988, de 28 de diciembre).

Para el caso, que parece ser el de esa Corporación, de que la financiación se haya producido mediante mayores ingresos, éstos deberían reflejarse en la columna E de modificaciones del Estado de Ingresos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 6.e) de la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 15 de enero de 1980.

2.- En Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 123.000 pesetas a la previsión definitiva. Lo que puede ser debido a los motivos siguientes:

a) La inclusión en el Presupuesto de 1989 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.88.

b) El incorrecto contraído en el ejercicio 1988 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1989 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.

Se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.

3.- Las modificaciones presupuestarias introducidas son muy elevadas en relación con el Presupuesto inicial, ya que suponen un 24% de incremento sobre la previsión inicial del Estado de Gastos, aunque es preciso matizar que dichas modificaciones se han financiado en su mayor parte con mayores ingresos y el resto con cargo al superávit.

4.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, IV, VII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 45,5% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

5.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, IV, VI y VII, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 51,1% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas.

6.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (46,5%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto anterior.

En relación con lo anterior, es de destacar como positivo que la inversión/habitante supera en 60.853 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe superior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.

7.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 15%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.

8.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y alto en lo que se refiere a la de obligaciones, aunque unos y otras se encuentran en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.

9.- Las obligaciones reconocidas por el Pleno sin existencia de dotación presupuestaria ascienden a un importe de 10.693.191 pesetas, importe éste que hemos de considerar demasiado elevado, toda vez que la vía de reconocer obligaciones sin dotación presupuestaria que deja abierta el artículo 23.1.e) del Real Decreto-Legislativo 781/1986 debe ser utilizada únicamente con carácter excepcional, pues su empleo implica el no respeto a las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos. Por tanto, su utilización debe ser restringida y limitada al ámbito de los gastos extraordinarios que vayan a dar lugar a pagos preferentes o cuando menos obligatorios.

En este mismo sentido, es recomendable que cuando el hecho de referencia se produzca se proceda inmediatamente, si ello fuera posible, a realizar la oportuna modificación de créditos a fin de solventar con la mayor celeridad dicha situación, en lugar de esperar a su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente.

Para el caso concreto de esa Corporación, parece poco adecuado el que se haya retrasado el reconocimiento de las obligaciones por el Pleno a los meses de marzo y junio de 1989, teniendo en cuenta que corresponden a gastos que se realizaron durante el ejercicio 1988.

10.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es muy reducido, por lo que en caso de que se produjeran bajas, anulaciones y fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría cambiar el signo del resultado obtenido, hecho no demasiado improbable de acuerdo con lo expuesto en el punto 5.

11.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta del Presupuesto, por lo que no consta la aprobación de la misma por el Pleno. Lo que incumple de forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.

B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.

No se ha remitido la documentación solicitada.

A este respecto, es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de Fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado (artº. 24.f) del T.R.R.L.) y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta, asimismo, el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que:

"Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."

Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).

Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.

C) En relación con las cuentas de Tesorería.

1.- En el encabezamiento del acta de arqueo se hace constar que corresponde al 30.12.89. Con independencia de que el arqueo físico se realice el día hábil anterior o posterior al 31 de diciembre, se recomienda que se haga constar que el arqueo corresponde al último día del ejercicio económico (año natural).

2.- En el apartado "Situación" se han reflejado los saldos que resultan de las certificaciones bancarias.

En relación con ello y con independencia de realizar las acciones oportunas de regularización, se recuerda que en las cuentas bancarias del apartado "Situación" se han de reflejar los saldos que resultan de la contabilidad del Cabildo, las que se harán coincidir con las certificaciones expedidas por las entidades bancarias mediante las oportunas conciliaciones. Asimismo, se recuerda que en el apartado "Situación" deben hacerse constar de forma individualizada todas y cada una de las cuentas abiertas, que en ningún caso debe aparecer de forma global.

3.- La escasa cuantía de los saldos de algunas cuentas puede ser indicativa de una escasa utilización. Por consiguiente, convendría reconsiderar los criterios seguidos para el mantenimiento de cuentas inactivas o con poco movimiento y proceder, en su caso, a su cancelación. A estos efectos, cabe indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requerirá para una gestión adecuada.

4.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 144.464.752 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tiene tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca el que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto. En este sentido, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. Para el caso de los saldos o remanentes de inversión no utilizados que provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto.

5.- En el apartado "Presupuestos" figuran unos "Ingresos desde dicho arqueo" por importe de 127.608.796 pesetas y unos "Pagos desde dicho arqueo" por importe de 222.065.819 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1989. Estas cifras representan, respectivamente, un 12,5% y un 22,1% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas "Recaudación líquida" y "Pagos líquidos" de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada su excesiva concentración en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos y pagos a lo largo del ejercicio.

6.- Las partidas conciliatorias incluidas en los documentos de conciliación bancaria no ofrecen una interpretación inequívoca de su significado, ya que:

a) No se especifica la fecha de contabilización por el Cabildo y por el Banco, ya que con carácter general se ha omitido la misma. Tampoco se especifica la fecha en que el Banco adeuda los cheques expedidos por el Cabildo, estas fechas son imprescindibles para justificar las partidas conciliatorias y efectuar un adecuado seguimiento de las mismas.

b) No se utiliza en la descripción de los conceptos una terminología homogénea. Además, la empleada resulta insuficiente, porque no se separan adecuadamente los cobros de los pagos formalizados por el Cabildo y no por el Banco y los cobros de los pagos formalizados por el Banco y no por el Cabildo.

En algunas partidas conciliatorias no se ha expresado el concepto.

Es obvio la importancia de las conciliaciones bancarias en la contabilidad de un Cabildo y la necesidad de un extremo rigor en su preparación y confección, por lo que se recomienda la realización de acciones adecuadas para mejorar este aspecto. 7.- No se ha remitido el modelo TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería), lo que imposibilita conocer el movimiento trimestral de metálico y valores de VIAP que, aunque no es un elemento de las cuentas de Tesorería, fue solicitado a fin de comprobar sus variaciones trimestrales, así como para efectuar las adecuadas comprobaciones con el acta de arqueo, el folio del Libro de Caja donde figuran las existencias a 31.12 y la cuenta de VIAP. Por tanto, se solicita que en próximos ejercicios se envíe cumplimentado en su totalidad.

8.- En conexión con el punto 5, se observa en las clasificaciones por capítulos remitida cierta irregularidad en los ingresos y pagos trimestrales, que se encuentran entre porcentajes del 12% y 36,2% del total. Como consecuencia de ello, se recomienda una distribución más uniforme de los mismos.

9.- En el expediente de tramitación remitido, únicamente consta la aprobación de las cuentas correspondientes al 1er y 4º trimestre, siendo la consecuencia inmediata de este hecho el no ejercicio por el Pleno de la Corporación de las facultades que le otorga el artículo 22.2.e) de la L.B.R.L.

Se recomienda que con relación a este aspecto se tomen las medidas oportunas a fin de evitar su repetición en el futuro.

D) En relación con la cuenta de VIAP.

1.- Como ya expusimos en el punto 4 del apartado referido a Tesorería, de la cuenta de VIAP remitida se desprende que se están canalizando a través de la misma ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- En la Subrúbrica "IRPF" figuran unas existencias a 31.12.89 por importe de 3.199.880 pesetas (primer asiento de 1989) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1988 se eleva a 3.088.014 pesetas, es decir, existe una diferencia de 111.866 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas a favor del Tesoro Público.

3.- En la Subrúbrica "IRPF" las entradas en VIAP de las retenciones relativas a las nóminas se registran en ocasiones con gran retraso; a título de ejemplo, las de funcionarios y personal laboral correspondientes al mes de enero entran el 20 de febrero, lo que supone un desfase excesivo aun en el caso de que dichas retenciones se contabilicen en el momento del cargo bancario del mandamiento de pago relativo a dicha nómina.

4.- En la Subrúbrica "Seguridad Social", figuran unas existencias a 31.12.88 por importe de 634.404 pesetas y, sin embargo, el pago al I.N.S.S. por las retenciones correspondientes a los atrasos de septiembre y diciembre de 1988 se eleva a 1.046.829 pesetas, es decir, existe una diferencia de 412.425 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas a favor de los organismos de la Seguridad Social, lo que resulta indicativo del deficiente cálculo de las retenciones y que obliga a la Corporación a hacer frente a las diferencias resultantes, que en ningún caso deben dar lugar a la existencia de un saldo negativo en alguna de las Subrúbricas.

5.- En la Subrúbrica "Seguridad Social" se observa que las entradas en VIAP de las cuotas a cargo de la Corporación se producen con gran retraso; a título de ejemplo, las correspondientes al mes de enero tienen entrada el 28 de febrero. En este sentido, cabe indicar que las entradas citadas deben hacerse necesariamente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal activo correspondiente a la misma mensualidad.

6.- En la Subrúbrica "Seguridad Social" se observa, asimismo, que las entradas en VIAP de las cuotas a cargo de los trabajadores se producen fuera de los plazos reglamentarios; a título de ejemplo, las correspondientes al mes de enero tienen entrada el 20 de febrero.

7.- En la Subrúbrica "MUNPAL", figuran unas existencias a 31.12.88 por importe de 1.079.468 pesetas y, sin embargo, el pago a la mutualidad por las retenciones correspondientes al mes de diciembre de 1988 se eleva a 457.843 pesetas, es decir, existe una diferencia de 621.625 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas.

8.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se observa que las entradas en VIAP de las cuotas a cargo de la Corporación se producen con gran retraso; a título de ejemplo, la correspondiente al mes de enero tiene entrada el 2 y 3 de marzo. En este sentido, cabe indicar que en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 2.531/1986, de 14 de noviembre, las entradas citadas deben producirse necesariamente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal activo correspondiente a la misma mensualidad, debiendo formularse, en caso contrario, la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito.

9.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se observa que, de forma difícil de entender, las cuotas a cargo de los funcionarios correspondientes al mes de agosto tienen entrada el día 4 de dicho mes, es decir, con anterioridad a la fecha de abono de los haberes.

10.- En la Subrúbrica "MUNPAL" se detecta que los ingresos a favor de la mutualidad se producen fuera de las fechas reglamentarias; a título de ejemplo, los correspondientes al personal interino del mes de enero tienen salida el 2 de marzo. 11.- En la Subrúbrica "ITE", figuran unas existencias a 31.12.88 por importe de 1.239.688 pesetas (primer asiento de 1989) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1988 se eleva a 1.123.076 pesetas, es decir, existe una diferencia de 116.612 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas a favor del Tesoro Público.

12.- En la Subrúbrica "ITE", se observa, que de forma difícilmente comprensible, se produce una salida para abono a la Seguridad Social de la cuota correspondiente a octubre de un Auxiliar Administrativo.

13.- Del análisis del resto de las Subrúbricas se desprende que se están canalizando de forma indebida subvenciones a través de VIAP, pues las mismas debieron consignarse en el Presupuesto.

14.- La aprobación de la cuenta se ha producido con gran retraso en relación con el calendario establecido en la Regla 84.2 de la I.C. Se recomienda que se acometan las medidas oportunas para solventar dicho aspecto.

E) En relación con las cuentas de recaudación.

No se han remitido las cuentas de recaudación.

La no rendición de las cuentas de recaudación incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.

Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios.

F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.

G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que el Real Decreto-Legislativo 781/1986 considera una excepción, pues en su artículo 118 determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta y en suministros el concurso.

2.- Parece extraño el que únicamente se hayan formalizado expedientes de contratación por importe de 194.248.306 pesetas, teniendo en cuenta que aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación, suman un importe de 609.326.439 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 566.139.677 pesetas. De este hecho podemos deducir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes.

A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, el prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

H) En relación con el Presupuesto General de 1990.

La aprobación definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con cierto retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.

De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas. Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.

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