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BOC Nº 023. Lunes 23 de Febrero de 1987 - 214

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

214 - ORDEN de 10 de febrero de 1987, por la que se dispone se cumpla la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Celedonio Hernández Marrero y la Asociación Ciudadana de Afectados por el Polígono de El Rosario.

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En el recurso contencioso-administrativo en grado de apelación seguido a nombre de D. Celedonio Hernandez Marrero y Asociación Ciudadana de Afectados por el Polígono de El Rosario contra la sentencia dictada por la Sala de la Jurisdicción contenciosa de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha 22 de septiembre de 1983 en el pleito seguido ante la misma con el número 105/81 sobre revocación de Resolución del Ministerio de Administración Territorial de fecha 24 de abril de 1981 que acordó el desalojo de parcelas sitas en el Polígono de El Rosario propiedad de los demandantes, la Sala Quinta del Tribunal Supremo en fecha 23 de enero de 1985 ha dictado la siguiente sentencia:

FALLO: "Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Celedonio Hemández Marrero y la Asociación Ciudadana de Afectado por el Polígono de El Rosario contra los actos de 5 de febrero de 1981 por los que se comunica al primero el pago del ' justiprecio y se decreta el desalojo inmediato de las parcelas 808-C y 895 de su propiedad, debemos declarar y declararnos la nulidad de dichos actos por no ser conformes con el Ordenamiento jurídico y en su lugar mandamos retrotraer el procedimiento expropiatorio, al momento en que se le dé traslado de la propuesta de aprobación del proyecto de Expropiación del Polígono de El Rosario y de los justiprecios que les correspondan por las parcelas 808-C y 895 del citado Polígono, como dispone la Orden de 6 de noviembre de 1979 continuando el procedimiento por sus trámites respecto del citado Sr. Hernández, sin que haya lugar a la anulación de todas las actuaciones expropiatorias del Polígono, al estar ajustado a derecho el Decreto 361 de 6 de febrero de 1976 en cuyo particular desestimamos la demanda y esta apelación, revocando la sentencia apelada en todos sus pronunciamientos".

En su virtud,

Visto que esta sentencia afecta a materias cuya competencia ha sido objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias y, concretamente, atribuida a esta Consejería de Política Territorial.

Esta Consejera ha dispuesto que se cumpla la citada sentencia en sus propios y estrictos términos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 1987.

EL CONSEJERO, Javier Domínguez Anadón.

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