Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 149. Miércoles 11 de Diciembre de 1985 - 1121

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de la Presidencia

1121 - DECRETO 462/1985, de 14 de noviembre; por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Consejería de la Presidencia.

Descargar en formato pdf

El artículo seis de Decreto noventa/mil novecientos ochenta y cinco, de uno de abril, determina las materias sobre las que debe entender la Consejería de la Presidencia. La naturaleza central o general de la inmensa mayoría de las mismas impone que la disposición que ha de ordenar la estructura de la Consejería atienda también a aspectos sustantivos de ralaciones jurídicas y procedimientos en temas que afectan a la organización administrativa autonómica en su conjunto.

Siguiendo esa linea, el presente Reglamento se estructura en dos partes que, respectivamente, versan sobre la relaciones orgánicas y los aspectos funcionales del Departamento. En cuanto a la organización cabe resaltar el mantenimiento de los actuales centros directivos, si bien se procede a una mayor definición de sus atribuciones genéricas al objeto de conseguir una mayor integración normativa en la legislación comunitaria sin tener que recurrir a la analogía del modelo estatal.

Por lo que toca a los órganos colegiados, se introducen dos de nuevo cuño: la Comisión coordinadora de publicaciones y la Comisión de protección civil de Canarias. En el primer caso se satisface la demanda de una correcta integración de la política editorial de la Administración Autonómica. En cuanto a la Comisión de protección civil, responde a un imperativo de la Ley dos/mil novecientos ochenta y cinco, de veintiuno de enero, que la configura como órgano de participación de las Administraciones Públicas de Canarias para una actuación coordinada en la materia.

En este título I no se tratan los aspectos relativos a las unidades administrativas de la Consejería, defiriendo su tratamiento a las relaciones de puestos de trabajo que, aun con un contenido funcionarial, comportan suficiente expresividad respecto a las tareas de cada puesto y su posicionamiento en la línea jerárquica del Departamento. Por ello, el régimen general del personal se remite a ese documento, salvando exclusivamente las especialidades de puestos muy singularizados, como son los de los inspectores de servicios y los letrados de los Servicios Jurídicos.

Bajo la perspectiva funcional, el Reglamento, en su título II, se acomoda a un doble criterio: por una parte, se regulan pormenorizadamente los servicios generales y, por otra, se efectúa un reparto de competencias en cuanto a las funciones más sectorializadas.

En relación con los servicios generales se han refundido en el sistema de la disposición los reglamentos vigentes, con pequeños retoques tendentes más a su actualización que a una verdadera reordenación. Es el caso del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, la Inspección general de Servicios y los Servicios Jurídicos. Por otro lado, se completan y revisan algunas regulaciones fragmentarias, como en el área de publicaciones en general, organización administrativa, informática y función pública.

Quizá las novedades más significativas vengan del lado de la informática y de la función pública. La potenciación del órgano coordinador del tema informático se efectúa en el Reglamento en dos direcciones: por un lado, se refuerza la intervención del órgano plenario en la preparación de las decisiones del Gobierno en lo referente a planificación general y normativa; de la otra parte, se concentra el escalón ejecutivo a través del Consejero de la Presidencia, al objeto de conseguir una mayor coordinación en la utilización de los recursos.

En materia de función pública el cambio es inverso y se produce una fuerte desconcentración de las facultades de gestión y administración del personal en favor de los órganos competentes de cada Departamento. Ello no obsta a que la gestión de personal no se lleve en forma homogénea a través de las directrices generales y de control de legalidad que representa el efecto suspensivo del procedimiento de inscripción en el Registro de Personal.

Las competencias sectoriales se distribuyen entre los distintos órganos de la Consejería en términos genéricos, agrupándose por materias y por funciones, con el fin de esclarecer cada procedimiento. Las Ordenes de desarrollo de este Reglamento especificarán la residenciación de las competencias no expresamente incluidas en base a los criterios que se desprenden del mismo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 1985,

D I S P O N G O:

TITULO I. ORGANIZACION

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo lº.- La Consejería de la Presidencia, a través de sus órganos, ejercerá las funciones contenidas en el artículo seis del Decreto noventa/mil novecientos ochenta y cinco, de uno de abril, en los términos que se establecen en la presente disposición.

Artículo 2º.- I. La Consejería de la Presidencia, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos superiores:

a) Secretaría General Técnica.

b) Servicios Jurídicos.

c) Dirección General de la Función Pública.

d) Inspección General de Servicios, y

e) Dirección General de Administración Territorial.

2.- Asimismo dependen de la Consejería de la Presidencia los siguientes órganos colegiados:

a) Comisión Coordinadora de Publicaciones.

b) Comisión Superior de Informática.

c) Comisión Superior de la Función Pública.

d) Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales, y

e) Comisión de Protección Civil de Canarias.

Artículo 3º.- El Consejero, como Jefe del Departamento, está investido de las atribuciones contenidas en el artículo sesenta de la Ley Territorial uno/mil novecientos ochenta y tres, de catorce de abril.

CAPITULO II. ORGANOS SUPERIORES

Artículo 4º.- 1. Los órganos superiores citados en el apartado uno del artículo dos tienen el rango de direcciones generales.

2. El Jefe de los Servicios Jurídicos deberá poseer el título de licenciado en Derecho y contar con acreditada experiencia en el desempeño de funciones de asesoramiento o defensa en juicio de cualquier Administración Pública.

3. El Inspector General de Servicios será nombrado de entre funcionarios de carrera del grupo A que estén en posesión de titulación universitaria a que se refiere el artículo veinticinco de la Ley treinta/mil novecientos ochenta y cuatro, de dos de agosto, con una antigüedad mínima de cinco años.

Artículo 5º.- Los Directores Generales, respecto de la materias y unidades que tengan encomendadas, ejercerán las siguientes competencias:

a) Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos del Departamento que sean de su incumbencia de acuerdo con lo previsto en el título II;

b) Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a su cargo;

c) Proponer al Consejero la resolución que estimen procedente en los asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponda a la Dirección General;

d) Preparar, impulsar, instruir y tramitar los procedimientos relacionados con sus competencias específicas en que la resolución corresponda al Gobierno o al Consejero de la Presidencia, resolviendo las cuestiones incidentales que en los mismos se produzcan;

e) Establecer el régimen interno de las oficinas de ellos dependientes;

f) Elevar anualmente al Consejero un informe acerca de la marcha, coste y rendimiento de los servicios a su cargo;

g) Elaborar las propuestas de presupuestos y relación de puestos de trabajo de sus unidades administrativas, y

h) Las demás atribuciones que les señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 6º.- Sin perjuicio de las funciones que le corresponden como titular de un centro directivo, de conformidad con el artículo anterior, el Secretario General Técnico tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) La coordinación administrativa de la Consejería y las cuestiones de régimen interno;

b) La jefatura del personal;

c) La comunicación con los otros Departamentos;

d) La inspección de los servicios de la Consejería;

e) El inventario patrimonial, y

f) La elaboración y seguimiento del presupuesto y de la relación de puestos de trabajo de la Consejería.

Artículo 7º.- 1. Bajo la Dirección del Jefe de los Servicios Jurídicos, éstos se estructuran en unidades centrales, departamentales y territoriales en la forma determinada por la relación de puestos de trabajo de la Consejería de la Presidencia.

2.- Las asesorías jurídicas departamentales, con ámbito de una o varias Consejerías, actuarán con autonomía funcional de los Departamentos para los que presten sus servicios y, sin perjuicio del cumplimiento de las tareas que les correspondan, con sujeción a las instrucciones que imparta la Jefatura de los Servicios Jurídicos.

CAPITULO III. ORGANOS COLEGIADOS

SECCION 1ª. COMISION COORDINADORA DE PUBLICACIONES.

Artículo 8º.- 1.. La Comisión Coordinadora de Publicaciones constituye el órgano de integración de los programas editoriales de los Departamentos.

2. La composición de la Comisión es la siguiente:

PRESIDENTE: El Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia.

VOCALES: Un representante de la Secretaría General Técnica de cada Departamento.

SECRETARIO: Un funcionario designado por el Presidente de la Comisión.

SECCION 2ª. COMISION SUPERIOR DE INFORMATICA.

Artículo 9º.- 1. La Comisión Superior de Informática constituye el órgano de preparación de las decisiones del Gobiemo de Canarias en la materia, sin perjuicio de las funciones que ostenta la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, y ejercerá aquellas otras competencias que se le atribuyan como propias de este Reglamento o le puedan ser asignadas por delegación.

2. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a las reglas generales que ordenan los procedimientos de los órganos colegiados.

3. La Comisión podrá constituir grupos de trabajo para temas específicos en orden a la preparación de sus acuerdos y podrá servirse de los asesores Técnicos que los Departamentos pongan a su disposición.

Artículo 10º.- 1. Formarán parte del Pleno de la Comisión: a) Un representante de cada uno de los Departamentos con categoría de Director General;

b) Además se integrarán el Director General de la Función Pública y el Director General de Presupuesto y Gasto Público.

2. El Consejero de la Presidencia ostenta la Presidencia del Pleno de la Comisión y el Secretario General Técnico de su departamento la Vicepresidencia.

3. La Secretaría del Pleno será desempeñada por un funcionario designado por la Presidencia a tal efecto.

SECCION 3ª. COMISION SUPERIOR DE LA FUNCION PUBLICA.

Artículo 11º.- 1. La Comisión Superior de la Función Pública es el órgano de coordinación, consulta y participación en materia de personal al servicio de la Administración Autonómica.

2. La Comisión estará compuesta de la siguiente forma:

PRESIDENTE: El Consejero de la Presidencia.

VICEPRESIDENTE: El Director General de la Función Pública.

VOCALES:

Los Secretarios Generales Técnicos de todas las Consejerías.

El Jefe de los Servicios Jurídicos.

El Inspector General de Servicios.

El Director General de Personal de la Consejería de Educación.

El Director General de Presupuestos y Gasto Público.

Cinco representantes del personal de la Comunidad Autónoma designados por las centrales sindicales en proporción al grado de representatividad de las mismas en el sector.

SECRETARIO: Un funcionario designado por la Presidencia de la Comisión.

3. A efectos de la determinación de los representantes del personal se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos seis y siete de la Ley Orgánica once/mil novecientos ochenta y cinco, de dos de agosto.

SECCION 4ª. COMISION REGIONAL DE COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES DE CANARIAS.

Artículo 12º.- La Comisión Regional de Coordinación de las policías locales de Canarias tiene la naturaleza de órgano de carácter consultivo y asesor de la Consejería de la Presidencia en orden a establecer un marco coordinado de actuación para las policías municipales.

Artículo 13º.- 1. La Comisión estará compuesta de la siguiente forma:

PRESIDENTE: El Consejero de la Presidencia.

VOCALES: Los Directores Generales de Administración Territorial y de Función Pública.

Los Alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife o Concejales en quienes deleguen.

Dos Alcaldes de municipios con población superior a cincuenta mil habitantes.

Un Alcalde por cada isla de municipio con población comprendida entre diez mil y cincuenta mil habitantes,

Un Alcalde por cada isla de rnunicipio con población inferior a diez mil habitantes.

SECRETARIO: Un funcionario designado por la Presidencia de la Comisión, a tal efecto.

2. Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Consejero de la Presidencia, a propuesta de la organización que agrupe a los municipios canarios, y en base a su población.

3. En las propuestas que se eleven al Consejero de la Presidencia a efectos de los nombramientos podrán incluirse suplentes que, en todo caso, deberán ostentar la condición de miembros electivos de las Corporaciones Locales afectadas. 4. El mandato de los vocales electivos tendrá una duración de dos años, pudiendo ser reelegidos.

SECCION 5ª. COMISION DE PROTECCION CIVIL DE CANARIAS.

Artículo 14º.- 1. La Comisión de Protección Civil de Canarias constituye el órgano de participación, coordinación e integración de las Administraciones Públicas Canarias en materia de Protección civil en el marco de las normas básicas aplicables.

2. Su composición es la siguiente:

PRESIDENTE: El Consejero de la Presidencia.

VOCALES: Los Presidentes de los Cabildos Insulares.

Los Directores Generales de Administración Territorial; Salud Pública; Transporte; Desarrollo Agrario; Obras Públicas; Medio Ambiente e Industria,

Los Alcaldes de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Telde.

Un Alcalde en representación de cada isla, designado por los municipios de la misma.

Tres representantes de la Administración del Estado.

SECRETARIO: Un funcionario designado por la Presidencia de la Comisión.

3. Los Alcaldes representantes de las islas serán designados por periodos de dos años.

4. La Comisión elaborará su reglamento de organización y funcionamiento que será aprobado por el Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia.

CAPITULO IV. REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 15º.- La relación de puestos de trabajo de la Consejería de la Presidencia detemiinará las características de los puestos de trabajo de la misma.

Artículo 16º.- 1. Los Inspectores de servicios serán nombrados de entre los funcionarios nombrados de entre los funcionarios de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ostentar calegoria administrativa correspondiente Grupo A de la clasificación establecida en el artículo veinticinco de la Ley treinta/mil novecientos ochenta y cuatro, de dos de agosto;

b) Tener una antigúedad mínima de cinco años de relación estatutaria de servicios;

c) Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autónomas o excedencia forzosa;

d) No habérseles impuesto sanción administrativa por resolución firme en virtud de expediente disciplinario.

2. Su Función la desarrollarán en régimen de especial dedicación.

Artículo 17º.- Estan reservados a los letrados de los Servicios Jurídicos la representación y defensa en juicio de la Administración Autonómica, la emisión de dictámenes, los bastanteos y, en general, cuantas funciones específicas correspondan a los Servicios Jurídicos de conformidad con este Reglamento.

TITULO II. FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I. ASISTENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO AL GOBIERNO

Artículo 18º.- 1. Corresponde al Consejero de la Presidencia, como Secretario del Gobierno, elaborar el acta de las reuniones, dar fe de los acuerdos adoptados y proveer a su ejecución.

2. La Secretaría General Técnica de la Consejería ejercerá funciones de apoyo administrativo y asistencia al Secretario del Gobiemo, siendo de su competencia la tramitación de los expedientes que han de ser tratados en las reuniones de Gobierno, la comunicación de los acuerdos adoptados y la custodia y archivo de las actas.

Artículo 19º.- En el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo seis, letra a), del Decreto noventa/mil novecientos ochenta y cinco, de uno de abril, a la Consejería de la Presidencia, a través de su Secretaría General Técnica, le corresponde el estudio e informe de los asuntos que vayan a ser tratados por el Gobierno y la Comisión de Secretarios Generales Técnicos; el estudio, preparación y tramitación de las disposiciones conjuntas y de los procedimientos de competencias y la elaboración de compilaciones, refundiciones y revisiones de textos normativos.

CAPITULO II. PUBLICACIONES

SECCION 1ª. COORDINACION DEL PROGRAMA EDITORIAL.

Artículo 20º.- 1. El Consejero de la Presidencia, con la asistencia de la Comisión Coordinadora de Plublicaciones, es el órgano competente para la elaboración y coordinación del programa editorial anual del Gobierno, cuya aprobación corresponde a éste.

2. También le corresponde en materia de publicaciones oficiales: a) Dictar o proponer las disposiciones de carácter general;

b) Coordinar la política de ediciones y coediciones;

c) Establecer criterios generales de edición, distribución y comercialización y,

d) Determinar los precios de las publicaciones periódicas.

Artículo 21º.- Son funciones de la Comisión Coordinadora de Publicaciones:

a) Informar los proyectos de disposiciones generales que inciden en el sector de las publicaciones oficiales;

b) Informar y coordinar los programas editoriales departamentales, cuidando en especial de que las publicaciones propuestas reunan las condiciones técnicas necesarias para su edición y no supongan duplicidades injustificadas;

c) Proponer en su caso la realización de ediciones y coediciones;

d) Proponer criterios generales en materia de distribución y comercialización, así como respecto a cualquier otra fase del proceso editorial;

e) Proponer los precios de las publicaciones periódicas y

f) Elaborar una memoria anual de publicaciones oficiales, analizando y evaluando los resultados obtenidos por la actividad editorial y difusora de la Administración.

SECCION 2ª. BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.

SUBSECCION 1ª,. REGLAS DE INSERCION DE ORIGINALES.

Artículo 22º.- 1. El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es el instrumento de edición oficial de las disposiciones de general observancia emanadas por la Comunidad Autónoma.

2. El Boletín Oficial está adscrito a la Consejería de la Presidencia a través de la Secretaría General Técnica.

Artículo 23º.- Deberán insertarse en el Boletín Oficial:

a) Las leyes del Parlamento de Canarias.

b) Los decretos legislativos, decretos, ordenes, reglamentos, estatutos y demás disposiciones de carácter general que emanen del Gobierno o de la Administración Autonómica.

c) El nombramiento, cese, y en su caso, suspensión de funciones del Presidente del Gobierno, así como los nombramientos, situaciones e incidencias del Vicepresidente, Consejeros y altos cargos de la Administración Autonómica.

d) Los nombramientos, situaciones e incidencias del personal al servicio de la Administración de la Comunidad en los casos en que así lo disponga un precepto de carácter general.

e) Las disposiciones del Estado que tengan especial incidencia en Canarias o que deban publicarse en el Boletín Oficial por establecerlo así el ordenamiento jurídico.

f) Las resoluciones, convenios, instrucciones, acuerdos o anuncios procedentes de la Administración Autonómica cuando una disposición general exija su publicación.

g) Las ordenanzas, reglamentos y otros acuerdos, resoluciones y convenios procedentes de las Entidades Locales e Institucionales y de las Corporaciones o Entidades Públicas cuando así lo disponga una norma de carácter general.

h) Las relaciones de puestos de trabajo y las convocatorias e incidencias de oposiciones y concursos para proveer plazas y puestos de la Administración Autonómica y de las Administraciones Locales de Canarias, con excepción de las referidas a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

i) Los anuncios de ventas, subastas y concursos para contratación de obras o servicios públicos del Gobiemo y la Administración Autonómica, Local e Institucional en los casos en que así se disponga por un precepto de carácter general, y

f) En general, todo aquello que se establezca por disposición general o sea de interés de la Comunidad Autónoma.

Artículo 24º.- El texto de las disposiciones que se publiquen en el Boletín Oficial tendrá la consideración de auténtico y los posibles errores cometidos en su publicación serán corregidos en la forma que previene el artículo treinta y cuatro.

Artículo 25º.- El Boletín Oficial se publicará con la periodicidad que se estime necesaria en atención a las necesidades derivadas de la producción normativa de la Comunidad Autónoma, con un mínimo de dos ejemplares por semana.

Artículo 26º.- La inserción de originales se ordenará según las siguientes secciones: I. Disposiciones Generales de la Comunidad Autónoma, figurando en primer lugar las leyes aprobadas por el Parlamento Regional; a continuación las disposiciones dimanantes de la Presidencia del Gobierno y seguidamente las de las distintas Consejerías con el orden de prelación que se establezca a efectos de su protocolo.

II. Resoluciones relativas a las autoridades y personal de la Administración Autonómica, con dos Subsecciones:

a) Nombramientos, situaciones e incidencias del Presidente, Vicepresidente, Consejeros, altos cargos y el personal a servicio de la Administración Comunitaria, y

b) Convocatorias e incidencias de oposiciones y concursos para la provisión de plazas y puestos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

III. Otras resoluciones de la Administración de la Comunidad Autónoma.

IV. Disposiciones Generales del Estado.

V. Actos y acuerdos de las Administraciones Locales y demás Entidades Públicas.

VI. Anuncios, con dos subsecciones:

a) Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos, y

b) Otros anuncios.

Artículo 27º.- 1. El texto de cada número del Boletín Oficial irá precedido de un sumario que expresa las disposiciones que en el mismo se contienen, indicando la página en que comienza la inserción según el orden señalado en el artículo anterior.

2. Semestralmente se publicarán un índice cronológico y por Departamentos y un índice analítico.

Artículo 28º.- 1. Los originales que deban insertarse en el Boletín Oficial por aplicación del artículo veintitres y dimanen del Gobiemo serán remitidos por su Secretario al Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia; los que procedan de los Departamentos de la Administración Autonómica serán remitidos por sus respectivos Secretarios Generales Técnicos al de la Consejeria de la Presidencia, cuyo titular dispondrá en ambos casos, previa calificación de tales originales, la inserción en el periódico oficial si procediese de conformidad con los artículos anteriores.

2. Los originales no comprendidos en el apartado anterior se entregarán directamente en la Dirección del Boletín Oficial acompañados de la oportuna comunicación firmada por la autoridad, particular, representante legal o quién tenga reconocida su firma en representación de una persona jurídica, citando el precepto legal que les faculte para solicitar la inserción.

Artículo 29º.- 1. Los originales destinados a la publicación en el Boletín Oficial serán remitidos mecanografiados o impresos por una sola cara y a doble espacio, en hojas de papel blanco, que deberán ajustarse en todas sus características a los modelos que se establezcan por la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia.

2. Las citas que en dichos textos se contengan respecto a disposiciones ya publicadas en el Boletín Oficial se harán con referencia a dicho periódico oficial.

Artículo 30º.- Los originales se insertarán en el Boletín Oficial por orden cronológico de presentación. salvo que por su importancia normativa o por el vencimiento de plazos se declaren de carácter urgente por el Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia, devengando, en su caso, la tarifa de urgencia.

Artículo 31º.- 1. En la Dirección del Boletín Oficial deberán obrar fichas, conforme al modelo que se apruebe por el Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia, en las que figure estampada la firma de la autoridad que tenga facultades para disponer la inserción en el periódico oficial o, en su caso, la firma auténtica del particular interesado.

2. La firma del Vicepresidente y de los Consejeros será acreditada por el Secretario del Gobierno y la de éste por el Presidente; la de los Secretarios Generales Tëcnicos será acreditada por sus respectivos Consejeros y la del Presidente del Parlamento por los Secretarios de la Mesa de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.

3. Cualquier revocación que se produzca en las atitorizaciones de firmas deberán comunicarse a a Dirección del Boletín Oficial.

Artículo 32º.- Los originales que se envíen al Boletín Oficial tendrán carácter oficial y reservado, no pudiendo facilitarse noticia alguna acerca de los mismos salvo orden escrita que autorice lo contrario dimanada de la dependencia de procedencia del original.

Artículo 33º.- La Dirección del Boletín Oficial conservará los originales de cada número durante el plazo de seis meses a partir de la fecha de su publicación, a efectos de reclamaciones o comprobaciones. Terminado dicho plazo se procederá a su archivo.

Artículo 34º.- Si alguna disposición oficial apareciese publicada con erratas que alteren o modifiquen su sentido será reproducida inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria con las debidas correcciones. Estas rectificaciones se realizarán de acuerdo con las siguientes normas:

1. La Dirección del Boletín Oficial rectificará por si misma o a iniciativa de los Departamentos y organismo., correspondientes, los errores tipográficos o de impresión que se produzcan en la inserción de las disposiciones oficiales, siempre que supongan alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan suscitar dudas al respecto. De dichas correcciones se dará cuenta inmediatamente al órgano de que provenga la disposición.

2. Cuando se trate de errores producidos en el texto remitido para su publicación su rectificación se realizará del modo siguiente:

a) Los meros errores u omisiones materiales que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones, pero cuya rectificacion se estime conveniente a fin de evitar eventuales confusiones, se salvarán por los Departamentos u Organismos respectivos reproduciendo en el Boletín Oficial el texto o la parte necesaria del mismo con las debidas correcciones;

b) El mismo procedimiento regirá en aquellos casos en que el error u omisión se deduzca, claramente del contenido de la disposición.

c) Los errores y omisiones que no se infieran de la lectura del texto y cuya rectificacion pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido de la norma se salvarán mediante disposición del mismo rango.

3. Cuando se trate de originales de previo pago y la causa no sea imputable a la imprenta no se insertará la rectificación sin el abono de su importe.

Artículo 35º.- La suscripción al Boletín Oficial será obligatoria para los Organismos siguientes:

a) Departamentos del Gobierno y órganos y unidades previstos en el artículo cincuenta y nueve, apartados uno dos de la Ley Territorial uno/mil novecientos ochenta y tres, de catorce de abril.

b) Corporaciones, centros, juntas, comisiones, consejos, tribunales, establecimientos y demás organismos oficiales de carácter territorial o local que dependan de la Administración Autonómica.

SUBSECCION 2ª. SUSCRIPCIONES

Artículo 36º.- 1. Todas las suscripciones, tanto voluntarias como obligatorias, serán de pago.

2. Las suscripciones empezarán a contarse por trimestres, semestres o años naturales indivisibles, no estando obligada la Dirección a entregar los números atrasados correspondientes al tiempo ya transcurrido de cada trimestres, semestre o año al formalizar la suscricpión. No obstante, podrá facilitar los. ejemplares de los números no agotados, cargando al suscriptor los gastos de envío.

3. Las solicitudes de alta, dirigidas a la Dirección del Boletín Oficial expresarán el periodo de suscripción; irán acompañadas, siempre que sean voluntarias, del importe correspondiente al periodo suscrito y se considerarán prorrogadas en tanto no se solicite expresamente la baja en la suscripción.

4. En las suscripciones obligatorias el pago se efectuará necesariamente dentro del plazo del primer mes de cada trimestre natural y en las voluntarias, dentro de los primeros quince días del periodo de suscripción.

5. Si transcurridos los plazos señalados en el párrafo anterior no se hubiere abonado el importe de la suscripción correspondiente, se suspenderá el envío de ejemplares hasta que el suscriptor se ponga al corriente en los pagos. De no efectuarse en el plazo de un mes se le dará de baja de la suscripción.

Artículo 37º.- Sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, podrá la Dirección del Boletín Oficial facilitar con carácter gratuito suscripciones o números sueltos.

Artículo 38º.- 1. Para el envío por correo de ejemplares sueltos o en paquetes dirigidos a particulares, la Administración se acogerá a los beneficios del franqueo concertado.

2. La correspondencia y ejemplares dirigidos a los Organismos Oficiales gozará de franquicia postal.

Artículo 39º.- En el Servicio de Publicaciones y en las Oficinas de Información de la Consejería de la Presidencia se facilitará la consulta Pública y gratuita de los ejemplares del Boletín Oficial.

SUBSECCION 3ª. ANUNCIOS

Artículo 40º.- Los anuncios que se inserten en el Boletín Oficial podrán ser de dos clases: oficiales y de pago.

Artículo 41º.- Los anuncios oficiales, expedidos por autoridad competente en cumplimiento de precepto legal que así lo prescriba, serán de inserción gratuita, a excepción de los señalados en la letra c) del artículo siguiente.

Artículo 42º.- Serán anuncios de pago:

a) Los documentos de las sociedades industriales y mercantiles, sea o no obligatoria su inserción con arreglo a las disposiciones vigentes.

b) Los procedentes de las Cajas de Ahorros que no se refieran a operaciones de carácter benéfico. c) Aquéllos que, aún debiendo insertarse por imperativo legal, deriven de expedientes instruidos a instancia de particulares para su provecho y beneficio, tales como concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, explotaciones industriales, minas y análogos, así como los de tarifas de transportes y de otras explotaciones de servicios público, y

d) Los relativos a contratos administrativos derivados de la aplicación de disposiciones generales en la materia.

Artículo 43º.- 1. Los Departamentos, Organismos, Corporaciones y Entidades que ordenen la inserción de los anuncios comprendidos en el artículo precedente deberán satisfacer directamente su importe, sin perjuicio de exigir al beneficiario su previo pago o, cuando sea procedente, consignar en los pliegos de condiciones la obligación de los adjudicatarios de reintegrar la cantidad anticipada por tal concepto. En el caso de que la licitación se declarase desierta, el pago del anuncio estará a cargo del Departamento, Organismo, Corporación o Entidad que ordenó la inserción.

2. En las adquisiciones y enajenaciones, así como en las obras y servicios de la Comunidad Autónoma anunciados a subasta, concurso o contratación directa, los rematantes o contratistas quedan siempre obligados al pago de los anuncios de referencia, no realizándose la adjudicación definitiva hasta que el adjudicatario justifique haber satisfecho el importe del anuncio publicado en el Boletín Oficial.

Artículo 44º.- La Dirección del Boletín Oficial admitirá para su publicación los anuncios que contengan los requisitos exigidos por las disposiciones legales, pudiendo rechazar y devolver cuantos no los reúnan.

SUBSECCION 4ª. DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 45º.- El precio de la suscripción al Boletín Oficial, de los ejemplares sueltos y de los anuncios del mismo se fijarán por el Consejero de la Presidencia, a propuesta del Secretario General Técnico y previo informe de la Comisión Coordinadora de Publicaciones.

Artículo 46º.- El Director del Boletín Oficial, que lo será quien desempeñe el puesto de Jefe del Servicio de Publicaciones, tendrá como funciones específicas:

a) Proponer al Secretario General Técnico el original que haya de insertarse en cada número del Boletín, previa recepción y calificación jurídica del mismo.

b) Ordenar a la imprenta el número de ejemplares y suplementos de que ha de constar la tirada de dicho periódico oficial, teniendo en cuenta las necesidades que el servicio reclame. c) Proponer al Secretario General Técnico la edición de números extraordinarios cuando las necesidades así lo exijan.

d) Custodiar y gestionar el registro especial de firmas autorizadas.

e) Dirigir y controlar la difusi n, distribución y venta de los boletines.

f) Actuar como órgano de comunicación en aquellos asuntos de trámite relacionados con el Boletín.

g) Elaborar y ejecutar los contratos de impresión y distribución.

h) Elaborar los estudios previos para la revisi n de los precios de suscripción y de inserción de anuncios.

i) Llevar la Administración del Boletín, y

j) Gestionar la impresión y cuantos asuntos de carácter administrativo sean de la competencia del Boletín Oficial.

CAPITULO IV. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA A LOS ADMINISTRADOS SECCION 1ª. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 47º.- 1. Los proyectos de disposiciones que versen sobre el establecimiento o modificación de las estructuras administrativas de las Consejerías o afecten sustancialmente a las normas reguladoras de su organización y funcionamiento deberán acompañarse necesariamente de:

a) Un análisis pormenorizado de las funciones y de las áreas competenciales afectadas.

b) La estructura orgánica propuesta, detallada a nivel de Servicio, con la definición y funciones de los órganos y unidades comprendidos en la misma.

c) Los organigramas de la estructura vigente y de la que se propone, con expresión gráfica de las relaciones existentes entre los distintos órganos y unidades, y

d) La valoración económica de la estructura vigente y de la propuesta, con detalle, en su caso, de la fuente presupuestaria de financiación del aumento del gasto.

2. Los proyectos a que se refiere el apartado anterior deberán ser informados preceptivamente por la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia que, tendrá en cuenta la racionalización de la gestión burocrática y la homogeneización de los servicios generales.

3. Corresponde asimismo a la Secretaría General Técnica de la Consejería la instrucción de los procedimientos de autorización a que se refiere el artículo 57 de la Ley Territorial l/1983, de 14 de abril. Tramitado el expediente, el Consejero lo elevará con su propuesta al Presidente para la correspondiente resolución.

Artículo 48º.- 1. Las autorizaciones en materia de procedimiento administrativo a que se refiere el artículo nueve, letra f) de la Ley Territorial uno/mil novecientos ochenta y tres, de catorce de abril, se entenderán concedidas transcurridos quince días desde que se haya recibido el proyecto en la Consejería de la Presidencia sin que por ésta se haya formulado objeción alguna.

2.- De formularse objeciones se interrumpirá el plazo citado en el apartado anterior, el cual volverá a correr una vez devuelto el proyecto subsanado a la Consejería de la Presidencia.

Artículo 49º.- 1. Las Oficinas Centrales de Registro de documentos de la Consejería de la Presidencia recibirán la documentación dirigida a cualquiera de los órganos o entidades de la Administración Autonómica y la remitirán al destinatario dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su recepción.

2. En los mismos términos procederán las oficinas de registro de los Cabildos Insulares, de acuerdo con los artículos cuatro y cinco del Decreto cien/mil novecientos ochenta y cinco, de diecinueve de abril, y las de los Departamentos y Organismos de la Administración Autonómica.

3. La organización y funcionamiento de los registros de documentación de la Consejería de la Presidencia se establecerá por su Secretario General Técnico.

SECCION 2ª. INFORMATICA

Artículo 50º.- Como órgano de asistencia al Gobierno en materia de Informática, el Pleno de la Comisión Superior de Informática informará con carácter preceptivo cuantos asuntos se sometan en tal materia al conocimiento y decisión de aquél y, en particular, la aprobación del Plan Informático; la aprobación de las dotaciones para Informática en el marco presupuestario; la planificación de desarrollo de programas de aplicaciones; la determinación de calendarios y prioridades de actuación; la aprobación de cláusulas generales para la contratación de sistemas; la definición de las necesidades del personal informático encargado del diseño de sistemas y aplicaciones; la suscripción de convenios con otras Administraciones y la regulación del régimen de Protección de los datos y del acceso a los mismos.

Artículo 51º.- Son competencias propias del Presidente de la Comisión Superior de Informática:

a) El seguimiento, evaluación y propuesta de actualización del Plan Informático.

b) Las facultades de órgano de contratación respecto a los contratos relativos a equipos de servicios informáticos.

c) La programación y supervisión de las actuaciones para la selección y formación del personal informático en general, y

d) La coordinación con otras Administraciones.

SECCION 3ª. OFICINAS DE INFORMACION

Artículo 52º.- 1. Las Oficinas Centrales de Información de la Consejería de la Presidencia desarrollan todas aquellas funciones que tienen por objeto directo el acercamiento del ciudadano a los mecanismos en que se canaliza la acción administrativa y, en particular:

a) Facilitan a quién lo solicita la información precisa de cuantos trámites y procedimientos necesite instar de la Administración Comunitaria.

b) Reciben las reclamaciones y peticiones que se les presenten por los administrados.

c) Asesoran a los ciudadanos sobre la estructura, funciones y procedimientos de la Comunidad Autónoma, y

d) Cumplimentan todo tipo de solicitudes que demanden los administrados.

2. Los Departamentos y Organismos de la Administración Autonómica, y los Cabildos en los términos del artículo seis del Decreto cien/mil novecientos ochenta y cinco, de diecinueve de abril, colaborarán en las funciones de las Oficinas Centrales de Información para atender las demandas de información relacionadas con la organización y competencias del Departamento y Organismo de que se trate.

CAPITULO V. REGIMEN GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA

Artículo 53º.- 1. Sin perjuicio de la competencia del Gobierno en orden a la Dirección de la política de personal y al ejercicio de la Función ejecutiva y de la potestad reglamentaria, corresponde a la Consejería de la Presidencia el régimen general de la Función Pública de la Administración Autonómica y, en el marco de la Ley siete/mil novecientos ochenta y cinco, de dos de abril, la de las Corporaciones Locales Canarias.

2. A efectos de lo prevenido en el apartado anterior, la Consejería de la Presidencia elaborará y preparará las decisiones del Gobierno en la materia, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Hacienda en cuanto a régimen económico del personal, y ejercerá a través de sus órganos las funciones que se expresan en los artículos siguientes: 3. Las competencias de gestión y Administración del personal que en este Reglamento no se atribuyan a un órgano específico, incluidas las relacionadas con actos inscribibles en el Registro de Personal, se atribuyen a los Departamentos respectivos, con excepción de las funciones relativas al régimen de incompatibilidades.

4. La Dirección General de la Función Pública ejercerá las competencias de gestión y Administración del personal en cuanto excedan en su aplicación del ámbito de una Consejería, la gestión del informe de incompatibilidades y cualesquiera otras que le sean atribuidas legalmente.

Artículo 54º.- 1. El Gobierno, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, establecerá las directrices a que deberán ajustarse las retribuciones del personal de la Administración Comunitaria, en base a las cuales los Departamentos propondrán las dotaciones que hayan de incluirse en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

2. La oferta de empleo público de la Comunidad se elaborará por la Dirección General de la Función Pública, a partir de los datos que le proporcione la Dirección General de Presupuestos y Gasto Público, y será aprobada por el Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública.

Artículo 55º.- 1. Por Orden de la Consejería de la Presidencia, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, se establecerán las bases por las que habrán de regirse las convocatorias para acceder a la condición de funcionario o contratado laboral al servicio de la Administración Autonómica.

2. Las convocatorias de las pruebas selectivas de acceso a la Administración Autonómica corresponden a la Dirección General de la Función Pública.

3. El nombramiento de funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma es competencia del Consejero de la Presidencia.

4. En el ámbito del personal docente, las competencias que en este artículo se confieren a la Dirección General de la Función Pública serán ejercidas por la Consejería de Educación.

Artículo 56º.- Las relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos se aprobarán por el Gobiemo a propuesta del Consejero de la Presidencia y previos informes de la Comisión Superior de la Función Pública y de la Dirección General de la Función Pública.

Artículo 57º.- 1. El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, establecerá las bases generales de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

2. La aprobación de las bases específicas corresponderá al titular del Departamento correspondiente, previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública.

3. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo se efectuarán por las autoridades competentes para efectuar los nombramientos en el marco del programa que se apruebe por el Consejero de la Presidencia a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, oídas las Consejerías.

Artículo 58º.- 1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Consejeros de la Presidencia y de Hacienda y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, aprobará las instrucciones a que deberá atenerse la representación Autonómica en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la misma.

2. La representación Autonómica en las negociaciones, en la que deberá figurar un representante de la Dirección General de la Función Pública, sólo podrá proceder a la suscripción de los convenios una vez transcurridos quince días desde que se hayan recibido los correspondientes proyectos en la Consejería de Hacienda sin que por ésta se haya evacuado el informe previsto en el artículo ocho de la Ley Territorial dos/mil novecientos ochenta y cinco, de catorce de febrero.

Artículo 59º.- 1. Corresponde a la Dirección General de la Función Pública la organización y la gestión de actividades dirigidas a la formación y perfeccionamiento del personal.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano competente de la Consejería de Educación, en lo que se refiere a funcionarios docentes, y las Secretarías Generales Técnicas de los demás Departamentos podrán promover y organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal dependiente de los mismos en aquellas materias que constituyan su ámbito competencial específico.

Artículo 60º.- 1. En la Dirección General de la Función Pública existirá un Registro de Personal en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y se anotarán preceptivamente los actos que se señalan en el artículo siguiente.

2. Los actos inscribibles sólo adquirirán eficacia jurídica desde su inscripción o en todo caso, transcurridos ocho días desde que se hayan recibido debidamente documentados en la Dirección General de la Función Pública sin que por ésta se haya adoptado resolución denegatoria expresa.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, la Dirección General de la Función Pública podrá denegar la inscripción si el acto de que se trate no resulta conforme con el ordenamiento jurídico.

4. La resolución denegatoria de la Dirección General de la Función Pública se comunicará a los interesados a través de la Secretaría General Técnica de que dependan, a efectos de que puedan deducir el correspondiente recurso de alzada ante el Consejero de la Presidencia.

Artículo 61º.- 1. Sin perjuicio de los contenidos mínimos que fije el Gobierno de la Nación de acuerdo con el artículo trece, apartado tres, de la Ley treinta/mil novecientos ochenta y cuatro, de dos de agosto, se inscribirán en el Registro de Personal de la Administración Autonómica los siguientes actos:

a) Los nombramientos de funcionarios de carrera;

b) La resolución de los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo;

c) Las resoluciones sobre incompatibilidades;

d) La declaración de situaciones administrativas, incluida la de reingreso al servicio activo;

e) El reconocimiento de trienios y servicios previos prestados en las Administraciones Públicas;

f) Las autorizaciones de comisiones de servicios y permutas;

g) La imposición de sanciones en virtud de procedimientos disciplinarios y,

h) En general, cuantos supongan una alteración de la relación estatutaria de servicios o representen una modificación de la posición jurídica, administrativa o económica de los funcionarios.

2. Para la inscripción inicial de los funcionarios transferidos de otras Administraciones Públicas bastará, en su caso, la certificación del acto por el que se resuelva la transferencia o la inserción del mismo en una publicación oficial sin que en estos supuestos se produzca el efecto suspensivo prevenido en el artículo anterior.

Artículo 62º.- En la Dirección General de la Función Pública se llevará constancia de las Organizaciones de Funcionarios, donde se depositarán los Estatutos de las que se constituyan por el personal de la Administración Autonómica sujeto a relación administrativa de servicios.

CAPITULO VI. INSPECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMICOS SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 63º.- La función de la Inspección General de Servicios que el Decreto noventa/mil novecientos ochenta y cinco, de uno de abril, asigna a la Consejería de la Presidencia se ejercerá por ésta sin perjuicio de las facultades que a los titulares de cada Consejería atribuye el artículo sesenta, letra a, de la Ley del Parlamento de Canarias uno/mil novecientos ochenta y tres de catorce de abril.

Artículo 64º.- Corresponden al Inspector General de Servicios la dirección, vigilancia y coordinación de la Función inspectora, en los términos previstos en este Reglamento, y el establecimiento del programa de actuación de la Inspección General.

SECCION 2ª. FUNCIONES

Artículo 65º.- La Inspección General de Servicios ejercerá el control y la vigilancia permanentes del funcionamiento de los servicios de la Administración Autonómica conforme al procedimiento regulado en este Reglamento.

Artículo 66º.- En orden a la mejora y racionalización de los servicios y a la garantía de la legalidad en la actuación administrativa corresponden a la Inspección General de Servicios las siguientes funciones:

a) Proponer al Consejero de la Presidencia la emisión de instrucciones o directivas y,

b) Formular mociones o recomendaciones con el alcance y contenido que se establecen en el artículo 73 de este Reglamento.

Artículo 67º.- En materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma son funciones de la Inspección General:

a) Comprobar el cumplimiento de sus obligaciones en relación al trabajo, jornada, horario, vacaciones, permisos, puntualidad, asistencia y demás aspectos relacionados con el régimen interno y, en particular, el régimen de compatibilidades, y

b) Proponer a los órganos competentes la incoación de expedientes disciplinarios cuando en el curso de una inspección se aprecien indicios razonables de responsabilidad.

SECCION 3ª. PROCEDIMIENTO

Artículo 68º.- 1. El Consejero de la Presidencia, a propuesta de los titulares de las Consejerías o del Inspector General, ordenará las visitas de inspección que estime convenientes, con expresión de los servicios concretos que hayan de ser inspeccionados.

2. El Inspector General, en cumplimiento de la Orden del Consejero de la Presidencia, designará al Inspector que deba efectuar la visita, señalando la fecha de la misma que habrá de ser puesta en conocimiento del Consejero correspondiente con una antelación mínima de tres días.

Artículo 69º.- 1. Durante una visita de inspección el inspector actuante podrá recabar de los servicios de que se trate cuantos informes, datos, asesoramiento o documentos en general le sean precisos para el eficaz desarrollo de sus funciones.

2. El incumplimiento de los requerimientos a que se refiere el apartado anterior se considerará falta grave de desobediencia a la autoridad del Consejero de la Presidencia.

Artículo 70º.- Las visitas de inspección terminarán por haberse cumplido los objetivos de las mismas o por Orden del Consejero de la Presidencia a propuesta del Consejero correspondiente o del Inspector General y en el primer caso previo informe de éste.

Artículo 71º.- 1. Como consecuencia de una visita de Inspección el Consejero de la Presidencia, a propuesta del Inspector General, podrá dictar instrucciones o directivas.

2. Asimismo el Inspector General, a la vista del informe que le deberán evacuar los inspectores actuantes una vez terminada la visita, podrá formular mociones o recomendaciones, sin perjuicio de las facultades que le confiere el artículo sesenta y siete, letra b) en relación con la propuesta de incoación de procedimientos disciplinarios.

Artículo 72º.- 1. Las instrucciones que dicte el Consejero de la Presidencia al amparo de lo previsto en el artículo anterior podrán destinarse a un servicio o servicios concretos o a la generalidad de la Administración Autonómica.

2. Las directivas, con idéntico alcance que el señalado en el apartado anterior para las instrucciones, sólo serán vinculantes en cuanto a sus objetivos y los plazos que se fijen para conseguirlos, siendo indiferentes los medios que se empleen para obtener los resultados deseados mientras se desarrollen en el marco del ordenamiento jurídico.

3. La Inspección General de Servicios velará por el cumplimiento de las instrucciones y directivas del Consejero de la Presidencia.

Artículo 73º.- 1. Las mociones de la Inspección General se dirigirán directamente a los centros directivos de los Servicios afectados. Frente a la discrepancia de un centro directivo con el contenido de una moción, el Inspector General podrá proponer motivadamente al Consejero de la Presidencia que dicte una instrucción o una directiva. 2. Las mociones que tiendan a unificar criterios de interpretación de la normativa aplicable, revisar de oficio actos administrativos o recomienden modificar el ordenamiento jurídico, deberán ser informadas previamente por los Servicios Jurídicos.

3. Las recomendaciones no vinculan a sus destinatarios, pero su inobservancia, salvo razones justificadas, podrá motivar una moción de conformidad con el apartado uno de este artículo.

Artículo 74º.- Con carácter previo a que el Consejero de la Presidencia dicte instrucciones o directivas como consecuencia de la acción inspectora, los titulares de las Consejerías a que pertenezcan los servicios afectados podrán formular alegaciones por un plazo no superior a quince días ni inferior a diez, a cuyo efecto se les dará traslado de los informes evacuados por los inspectores actuantes.

CAPITULO VII. ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 75º.- Sin perjuicio de su encuadramiento orgánico y de su dependencia funcional de la Consejería de la Presidencia, los Servicios Jurídicos desarrollan su actuación hacia el conjunto de la Administración Autonómica.

Artículo 76º.- 1. Corresponden a los Servicios Juridicos, por medio del titular del órgano y de los Letrados adscritos al mismo y en los términos del presente Reglamento, las funciones de asistencia jurídica a la Administración de la Comunidad Autónoma y de representación y defensa de la misma en las controversias jurídicas en que pueda ser parte, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuatrocientos cuarenta y siete de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Jefatura de los Servicios Jurídicos, podrá encomendar tales funciones para casos determinados a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

SECCION 2ª. FUNCION CONTENCIOSA

Artículo 77º.- 1. Los Servicios Jurídicos, de conformidad con el procedimiento establecido en este Reglamento, asumen la defensa de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos del artículo setenta y seis, a cuyo efecto deberá ponerse inmediatamente en su conocimiento cualquier actuación contenciosa en que aquélla sea o pueda ser parte.

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo cuarenta del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma goza de las potestades y privilegios procesales propios de la Administración del Estado y, por consiguiente, comparece en juicio, a través de los Servicios Jurídicos, sin necesidad de valerse de Procurador, utilizando exclusivamente papel de oficio y sin sujeción al pago de tasas judiciales, siendo competentes únicamente para conocer de sus litigios los Juzgados de las capitales canarias en que exista Audiencia.

3. Los Servicios Jurídicos podrán asumir, a petición de los funcionarios de la Administración Autonómica, la defensa de los mismos en cualesquiera pleitos en que se encuentren demandados como consecuencia de actos y omisiones propios del ejercicio de sus cargos efectuados con respecto a las disposiciones vigentes o en cumplimiento de orden de autoridad competente.

4. Las funciones que se atribuyen a los Servicios Jurídicos en materia contenciosa se extienden a todas las instancias, grados y tribunales.

Artículo 78º.- 1. Contra todo acto o resolución contrario a los intereses de la Comunidad Autónoma los Servicios Jurídicos interpondrán los recursos, reclamaciones o demandas que procedan, siguiéndolos automáticamente en todas sus instancias y deduciendo contra las resoluciones que pongan fin a cada una de ellas los oportunos recursos.

2. Asimismo, los Servicios Jurídicos se opondrán a todas las demandas que se susciten contra las disposiciones y actos de la Comunidad Autónoma ante toda clase de jurisdicciones, deduciéndose contra las resoluciones desfavorables los correspondientes recursos.

Artículo 79º.- 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Jefe de los Servicios Jurídicos podrá autorizar en casos excepcionales no promover recursos o desistir o allanarse en los procedimientos en pendencia.

2. Igualmente precisará autorización del Jefe de los Servicios Jurídicos el ejercicio de acciones civiles, penales o laborales.

3. La interposición de recursos contra disposiciones estatales de carácter general requerirá acuerdo previo del Gobierno.

Artículo 80º.- 1. Se remitirá mensualmente al Jefe de los Servicios Jurídicos la relación de reclamaciones económico - administrativas pendientes, acompañando copia de los documentos que se hayan producido con relación a las mismas en el mes de que se trate.

2. En los procedimientos jurisdiccionales se dará cuenta de cada trámite procesal en el momento en que se produzca, aportando igualmente copia documental del mismo.

Artículo 81º.- 1. De los fallos y sentencias que sean notificados, con independencia de interponer <> los recursos procedentes conforme al criterio general sentado en el artículo setenta y ocho se evacuará informe razonado expresando la conformidad o disconformidad, el cual será remitido al Jefe de los Servicios Jurídicos para las resoluciones que procedan.

2. Si las sentencias fuesen firmes se comunicarán al Jefe de los Servicios Jurídicos y al órgano competente para su ejecución, a efectos de lo dispuesto en el artículo ciento doce, apartado dos, de este Reglamento.

Artículo 82º.- 1. Cuando hubiese condena en costas a la Administración de la Comunidad Autónoma, los Servicios Jurídicos, una vez aprobada la tasación de las que estrictamente comprenda la condena, cuidarán de que no se incluyan costas distintas, pedirán la exclusión de las indebidas e impugnarán los honorarios que sean excesivos.

2. En el caso de que el litigante contrario fuera condenado al pago, de las costas, se presentará la correspondiente minuta de honorarios ajustada a la media de los honorarios profesionales mínimos vigentes en los Colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, o de Madrid, en el supuesto de que las actuaciones hayan estado residenciadas ante Tribunales de la Capital del Estado. Los honorarios que por este procedimiento se hagan efectivos constituirán ingresos de la Comunidad Autónoma.

SECCION 3ª. FUNCION CONSULTIVA.

Artículo 83º.- 1.- En los asuntos administrativos, la Jefatura de los Servicios Jurídicos es el centro directivo superior de carácter asesor de la Administración Autonómica, sin perjuicio de las especiales funciones atribuidas al Consejo Consultivo de Canarias.

2. La actuación asesora de los Servicios Jurídicos se ejercerá bajo los principios de constancia oficial y legalidad, excluyéndose de los dictámenes cualquier valoración de oportunidad o conveniencia que no se ajuste a los criterios del ordenamiento jurídico.

Artículo 84º.- 1. Será preceptivo el dictamen de los Servicios Jurídicos en los siguientes casos:

a) Requerimiento suscitado por la Comunidad Autónoma al Estado o a otra Comunidad Autónoma de forma previa a la sustanciación de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.

b) Contestación a requerimientos de inconstitucionalidad planteados a la Comunidad Autónoma por el Estado u otra Comunidad Autónoma.

c) Proyectos o anteproyectos de disposiciones generales.

d) Recursos administrativos que se interpongan contra actos de la Administración de la Comunidad Autónoma en los que se susciten cuestiones de Derecho que no hayan sido resueltas en dictámenes anteriores.

e) Pliegos de condiciones jurídicas para contrataciones sujetas al Derecho administrativo y proyectos de clausulado de contratos sometidos al Derecho privado.

f) Conflictos de atribuciones entre órganos de la Administración Autonómica.

g) Declaración de lesividad de actos administrativos de la Comunidad Autónoma previa a su impugnación ante la jurisdicción contencioso - administrativa.

h) Impugnación de actos de las Corporaciones Locales por la Comunidad Autónoma.

i) Resolución favorable de reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles o laborales dirigidas contra la Comunidad Autónoma.

j) Reclamaciones dirigidas a la Comunidad Autónoma exigiendo responsabilidad patrimonial de su Administración.

k) Autorización, clasificación y aprobación de fundaciones sujetas al protectorado de la Comunidad Autónoma y

l) Cuantos otros asuntos disponga la normativa aplicable.

2. La omisión del dictamen preceptivo dará lugar a nulidad de actuaciones, debiendo retrotraerse el procedimiento al momento en que debió evacuarse aquél, previo requerimiento de los Servicios Jurídicos en tal sentido o de oficio, por el órgano que entienda del expediente.

3. Se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior los dictamenes previos a la impugnación de actos de las Corporaciones Locales, en cuyo supuesto la Direccion General de Administración Territorial podrá resolver <> el ejercicio de la acción dando inmediato conocimiento de ello a los Servicios Jurídicos.

Artículo 85º.- Los Servicios Jurídicos resolverán las consultas que se les planteen sobre supuestos no comprendidos en el artículo anterior cuando, por oscuridad o silencio de las normas, su aplicación requiera una interpretación jurídica compleja.

Artículo 86º.- En aquellos procedimientos en que consten informes o dictamenes de los Servicios Jurídicos deberá darse cuenta a éstos de la resolución que se adopte tan pronto como sea dictada.

Artículo 87º.- Son competentes para dirigirse a los Servicios Jurídicos instando su actuación los titulares de los departamentos y de los centros directivos y, en su caso, los Directores Territoriales.

Artículo 88º.- 1. En el caso de las consultas a que se refiere el artículo ochenta y cinco, deberá incorporarse a la petición un informe del Secretario General Técnico o Director Territorial, en su caso, de la Consejería correspondiente.

2. Los informes que son calificados como preceptivos habrán de solicitarse una vez incluidos los expedientes y cumplido el trámite de audiencia a los interesados si fuera exigible.

SECCION 4ª. LEGITIMACION DOCUMENTAL Y OTRAS FUNCIONES.

Artículo 89º.- Deberán bastantearse por los Servicios Jurídicos los documentos justificativos de la personalidad de los particulares comparecientes ante la Administración Autonómica y, en general, los poderes y avales.

Artículo 90º.-Los bastanteos tendrán carácter de actos administrativos y deberán expresar claramente la suficiencia de los documentos acreditativos de personalidad con relación al fin concreto para el que hayan sido presentados, a cuyo efecto el solicitante del bastanteo deberá suscribir una minuta en la que se exprese la finalidad del mismo.

Artículo 91º.- 1. Para que los Servicios Jurídicos puedan bastantear los poderes generales de las entidades mercantiles será preciso que se acompañe certificación registral o, en su defecto, declaración jurada de la vigencia actual de los mismos.

2. No será necesario tal requisito en el caso de poderes especiales para un solo acto, en tanto no se haya agotado éste.

Artículo 92º.- A efectos de bastanteo de avales y garantías, los Servicios Jurídicos custodiarán un registro oficial de firmas de quienes ostentaran facultades para expedirlos.

Artículo 93º.- Los representantes de los Servicios Jurídicos en las mesas de contratación y, en su caso, en tribunales u otros actos serán designados por el Jefe de los Servicios Jurídicos en forma general o particular para cada acto.

CAPITULO VIII. REGIMEN LOCAL

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 94º.- 1. La Consejería de la Presidencia, en materia de régimen local, elaborará y propondrá al Gobierno Autonómico las decisiones que a éste correspondan y ejercerá sus competencias en la forma que se determina en este Reglamento.

2. Si las leyes sectoriales del Estado o de la Comunidad Autónoma no precisan ningún otro órgano, las relaciones de las Entidades Locales con la Administración Autonómica en el ejercicio de las competencias que se asignen en la normativa sectorial se efectuarán por medio de la Consejería de la Presidencia.

3. Las competencias en materia de régimen local que no resulten expresamente atribuidas por este Reglamento a ningún órgano corresponden al Director General de Administración Territorial que, en todo caso, ejercerá las funciones de instrucción, impulso y propuesta de las resoluciones que correspondan al Consejero de la Presidencia y al Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cinco, letra d.

Artículo 95º.- En los casos en que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley siete/mil novecientos cohenta y cinco de dos de abril, y en la Ley Territorial cuatro/mil novecientos ochenta y cuatro, de seis de julio, se prescriba el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, las Administraciones Locales afectadas cursarán la correspondiente petición al Consejero de la Presidencia.

SECCION 2ª. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y ORGANICA DE LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 96º.- 1. La competencia para la creación o supresión de municipios y la alteración de términos municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma corresponde al Gobierno previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

2. El expediente se iniciará a petición de los Cabildos o Ayuntamientos interesados, por los vecinos afectados o de oficio por la Consejería de la Presidencia.

3. La aprobación de los expedientes de constitución de Entidades Locales inframunicipales corresponderá al Consejero de la Presidencia.

4. El Director General de Administración Territorial podrá disponer de oficio la iniciación de expedientes de disolución de Entidades Locales Menores.

Artículo 97º.- Requerirán la aprobación del Gobierno Canario los cambios de denominación y de capitalidad de los municipios de la Comunidad Autónoma.

Artículo 98º.- El Director General de Administración Territorial es competente para autorizar la distribución de los términos municipales en distritos, así como la reforma, aumento o disminución de los existentes.

Artículo 99º.- 1. Podrá acordarse por el Gobierno Autonómico la concesión a las Corporaciones Locales de tratamientos, honores y distinciones así como el otorgamiento a los municipios, islas y provincias de titulos, lemas y dignidades.

2. La aprobación de los escudos heráldicos municipales corresponde al Consejero de la Presidencia. Artículo 100º.- 1. La aprobación de los Estatutos de los consorcios en que se integren Entidades Locales de Canarias, en los casos en que sea competencia de la Administración Autonóm ica, se acordará por el Gobierno.

2. Corresponde al Consejero de la Presidencia la aprobación de los Estatutos de las Mancomunidades constituídas por municipios canarios para el establecimiento y desarrollo de obras, servicios y otros fines locales.

SECCION 3º. COMPETENCIAS

Artículo 101º.- El informe a que se refiere el artículo treinta y siete, apartado dos, de la Ley siete/mil novecientos ochenta y cinco, de dos de abril, será emitido por el Gobierno a propuesta conjunta del Consejero de la Presidencia y del titular de la consejería responsable del sector a que pertenezca la materia cuya competencia pretenda delegar el Estado en los Cabildos Insulares.

Artículo 102º.- El Gobiemo resolverá o, en su caso, evacuará la audiencia correspondiente en relación con los conflictos de competencias que se planteen entre Entidades Locales, con arreglo a lo previsto en la legislación básica de régimen local.

Artículo 103º.- Si una Entidad Local Canaria incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviese legal o presupuestariamente garantizada, el Consejero de la Presidencia deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuese necesario, transcurrido el cual propondrá al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad Local.

SECCION 4ª. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

Artículo 104º.- 1. Con sujeción a los principios que se expresan en el artículo cincuenta y cinco de la Ley siete/mil novecientos ochenta y cinco, de dos de abril, el Director General de Administración Territorial velará porque las relaciones entre las Administraciones Territoriales Canarias se desarrollen en términos que permitan obtener un mejor aprovechamiento conjunto de los recursos públicos.

2. A tal fin coordinará los mecanismos de información multilateral y dispensará los servicios de cooperación, asistencia y asesoramiento a las Entidades Locales que lo soliciten.

SECCION 5ª. IMPUGNACION DE ACTOS Y ACUERDOS.

Artículo 105º.- 1. El Director General de Administración Territorial resolverá sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos de las Administraciones Locales Canarias y ejercerá en consecuencia las acciones que la normativa aplicable ofrece a la Administración Autonómica.

2. En el caso de que la resolución de la Dirección General de Administración Territorial disponga la iniciación de un procedimiento jurisdiccional se dará inmediato traslado de la misma a los Servicios Jurídicos a los efectos prevenidos en este Reglamento.

SECCION 6ª. BIENES.

Artículo 106º.- 1. Los procedimientos de intervención de que dispone la Administración Autonómica respecto a los actos de las Entidades Locales relativos a bienes comunales serán de competencia del Consejero de la Presidencia cuando directa o indirectamente se altere la naturaleza jurídica o el destino colectivo de dichos bienes.

2. En los restantes casos resolverá el Director General de Administración Territorial.

Artículo 107º.- 1. En materia de bienes de propios de las Administraciones Locales corresponderá al Consejero de la Presidencia el ejercicio de los controles legales sobre los actos de disposición, valorando los aspectos de oportunidad que resulten proporcionados a la defensa del patrimonio local.

2. El control de legalidad sobre los actos de los Entes Locales relativos a sus bienes de propios que no impliquen el ejercicio de facultades de disposición será competencia del Director General de Administración Territorial.

SECCION 7ª. SERVICIOS.

Artículo 108º.- La ejecución por las Entidades Locales de actividades económicas en régimen de monopolio deberá aprobarse por el Gobierno a propuesta conjunta del Consejero de la Presidencia y del titular del Departamento competente en la materia de que se trate. Artículo 109º.- La dispensa a los municipios de la obligación de prestar los servicios mínimos establecidos en la legislación básica sobre régimen local podrá acordarla el Gobierno Canario a propuesta del Consejero de la Presidencia y previa audiencia del Cabildo de la isla correspondiente.

SECCION 8ª. EXPROPIACION FORZOSA.

Artículo 110º.- Excepcionalmente y mediante acuerdo motivado del Gobierno Autonómico podrá declararse la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada por una Entidad Local Canaria. SECCION 9ª. COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES.

Artículo 111º.- 1. Como órgano asesor v consultivo de la Consejería de la Presidencia, la Comisión Regional de Coordinación de las policías locales de Canarias deberá emitir los informes que le solicite la Consejería, en particular sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que incidan en la organización y régimen de funcionamiento de las policías municipales canarias.

2. La Comisión podrá elevar propuestas a la Consejería en las siguientes materias:

a) Normas básicas de estructura y organización intema a las que habrán de ajustarse los reglamentos de las policías locales en el ámbito de Canarias.

b) Homogeneización de medios Técnicos.

c) Condiciones básicas de acceso, formación y promoción de los policías locales y medios necesarios.

d) Criterios que hagan posible un sistema de información recíproca entre los Ayuntamientos en la materia.

e) Criterios de colaboración eventual de las Policías Municipales al objeto de atender sus necesidades temporales o extraordinarias.

f) Fomento de la creación de servicios de policía intermunicipal en las zonas donde los Ayuntamientos correspondientes no puedan afrontar los gastos de una policía propia, y

g) Cualesquiera otras que puedan contribuir a hacer efectiva la coordinación de las Policías Locales.

CAPITULO IX. JUSTICIA E INTERIOR

SECCION 1ª. RELACICNES CON EL PODER JUDICIAL Y NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS Y REGISTRADORES.

Artículo 112º .- 1. En los términos previstos en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sin perjuicio de las competencias del Parlamento Regional, el ejercicio de las facultades que corresponden a la Comunidad Autónoma en relación con la Administración de Justicia se ejercerán por el Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia y previo informe de los Servicios Jurídicos. 2. En los casos de expropiación de los derechos reconocidos frente a la Administración Autonómica en una sentencia firme, en los términos del artículo dieciocho, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la declaración de la causa de utilidad Pública o interés social corresponderá al Gobierno a propuesta conjunta de la Consejería de la Presidencia y de aquella de que dependa el órgano responsable del hecho judicializado y previo informe de los Servicios Jurídicos.

Artículo 113º.- Corresponde al Consejero de la Presidencia el nombramiento de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en los términos establecidos en el artículo veintiocho, apartado dos, del Estatuto de Autonomía.

Artículo 114º.- 1. La competencia que atribuye el artículo veintiocho, apartado uno, del Estatuto de Autonomía respecto a la fijación de las demarcaciones correspondientes a las notarías y registros de la propiedad y mercantiles radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma la ejercerá el Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia y previo informe de los Servicios Jurídicos.

2. En el ejercicio de la citada competencia, sin perjuicio de las consideraciones generales sobre el volumen de asuntos, se tendrán en cuenta las necesidades del servicio público en las zonas rurales.

SECCION 2ª. PROTECCION CIVIL.

Artículo 115º.- 1. En materia de Protección civil, el Gobierno, a propuesta del Consejero de la Presidencia y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Canarias, aprobará los planes territoriales de ámbito comunitario y los planes especiales por sectores de actividad, tipos de emergencia o actividades concretas.

2. En el ejercicio de la potestad sancionadora el Gobierno, a propuesta del Consejero de la Presidencia, podrá imponer sanciones de cinco a diez millones de pesetas por infracciones a la Ley de Protección Civil.

Artículo 116º.- 1. En las situaciones de riesgo, catástrofe o calamidad Pública que revistan una especial gravedad, el Presidente del Gobiemo Autonómico a propuesta del Consejero de la Presidencia podrá instar del Ministro del Interior la aplicación del plan que corresponda y la movilización de los servicios y medios necesarios con expresión de cuáles sean éstos.

2. En los casos en que la naturaleza de la emergencia lo haga aconsejable, el Presidente de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejero de la Presidencia podrá interesar del Gobierno del Estado la delegación de las funciones de Dirección y coordinación de la Protección civil.

Artículo 117º.- 1. El Consejero de la Presidencia, bajo la Dirección del Gobierno, es el órgano coordinador de las actuaciones que competan a la Administración Autonómica en materia de Protección civil.

2. Ejercerá asimismo la potestad sancionadora en cuantía de dos a cinco millones de pesetas.

Artículo 118º .- 1. Corresponden a la Comisión de Protección civil de Canarias las funciones de información, coordinación y homologación que se le asignan en la Ley dos/mil novecientos ochenta y cinco, de veintiuno de enero, y las que resultan atribuidas por este Reglamento.

2. En particular actuará de órgano de consulta y asesoramiento respecto a las decisiones que hayan de adoptarse por la Administración de la Comunidad Autónoma respecto a programación de recursos y actividades en materia de Protección civil.

Artículo 119º.- 1. El Director General de Administración Territorial asume las funciones ejecutivas en cuanto a las actuaciones preventivas y la tramitación e impulso de los procedimientos cuya decisión corresponda al Gobierno o al Consejero de la Presidencia.

2. Podrá ejercer la potestad sancionadora hasta dos millones de pesetas.

SECCION 3ª. CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Artículo 120º.- 1. Los Colegios Profesionales y Corporaciones de derecho público cuyo ámbito no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma se relacionarán orgánicamente con la Administración Autonómica a través de la Consejería de la Presidencia, en el marco de su legislación específica.

2. En el aspecto funcional se relacionarán directamente con el Departamento correspondiente.

Artículo 121º.- 1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Consejero de la Presidencia, evacuar el informe - propuesta y la correspondiente solicitud al Gobierno del Estado para la declaración de utilidad Pública de las asociaciones sujetas a la competencia de la Comunidad Autónoma así como para la integración de las mismas en organismos de carácter internacional o la adopción de edenominaciones alusivas a dichos organismos.

2. El Director General de Administración Territorial ejercerá las competencias relativas a la inscripción y registro de las asociaciones y las derivadas del intercambio recíproco de información y estadística con la Administración del Estado.

Artículo 122º.- 1. Las fundaciones privadas de interés público comprendidas en el artículo veintinueve, número siete, del Estatuto de Autonomía deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones Privadas de Canarias en el plazo de un mes desde el otorgamiento de la carta fundacional.

2. Los supuestos de asignación de medios patrimoniales a una finalidad de interés público sin constitución de una persona jurídica que se citan en el artículo siguiente podrán acceder al tratamiento que, en materia fiscal y de subvenciones, dispense la Comunidad Autónoma en favor de las Fundaciones siempre que se provea a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

3. El Registro estará a cargo de la Dirección General de Administración Territorial.

Artículo 123º.- 1. Se comprenden entre los supuestos citados en el apartado dos del artículo anterior los siguientes:

a) La atribución patrimonial a que se refieren los artículos seiscientos diecinueve, si se establece como carga de la donación la afectación de los medios patrimoniales a un fin de interés público, setecientos ochenta y ocho y setecientos ochenta y nueve del Código Civil, cuando tenga lugar en la Comunidad Autónoma de Canarias;

b) La afectación de medios patrimoniales contenida en los artículos seiscientos setenta y uno, setecientos cuarenta y siete y setecientos cuarenta y nueve del Código Civil, de conformidad con los requisitos exigidos en el apartado precedente.

c) La dotación patrimonial asignada de modo permanente a un fin de interés público en virtud de un acto de liberalidad realizado en favor de una entidad Pública o privada preexistente, que desarrolle esencialmente sus actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias;

d) El cumplimiento de fines de interés público mediante la dedicación por el propietario de una parte de sus propios bienes, ya por virtud de su propia iniciativa ya por haberlos adquirido con la carga permanente de destinar éstos o sus frutos y rentas a la satisfacción de una utilidad general, y

e) Cualquier otra asignación de medios patrimoniales para el cumplimiento de una finalidad de interés público que tenga lugar, con carácter principal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que determine la constitución de una Entidad Fundacional Privada.

2. Una vez efectuada la inscripción en el Registro, la intervención tutelar se desarrollará en los términos previstos para las Fundaciones al objeto de velar por el exacto cumplimiento de las finalidades de interés público afectadas.

Artículo 124º.- 1. Las suscripciones y cuestaciones Públicas, festivales benéficos e iniciativas análogas destinadas a arbitrar fondos para cualquier finalidad lícita y determinada constituyen, a los efectos de este Reglamento, Fundaciones de hecho de carácter temporal y estarán sometidas a las siguientes prescripciones:

a) Los promotores deberán poner en conocimientos de la Consejería de la Presidencia, al menos con quince días de antelación, la fecha en que haya de comenzar la cuestación, suscripción o iniciativa de que se trate, especificando en la comunicación los nombres de los organizadores y de aquellos que asuman la gestión de los fondos, la duración de las actividades, los fines a que se destinarán los fondos recaudados, gastos precisos para obtenerlos y la forma y plazos en que habrá de dárseles aplicación;

b) Los organizadores y los gestores de los fondos son responsables personal y solidariamente de su conservación y afectación a los fines enunciados, debiendo rendir las cuentas de su gestión a la Consejería de la Presidencia, dentro de los plazos previstos en la comunicación a que se refiere la letra anterior;

c) Si los fondos recolectados resultan insuficientes para el fin propuesto o el objeto ha sido alcanzado o no sea actuable, los remanentes que existan serán distribuidos por la Consejería de la Presidencia en atenciones análogas, salvo que tales extremos se hayan regulado por los organizadores en la comunicación que se cita en la letra a) y haya sido aprobada dicha regulación por la Consejería, y

d) El Consejero de la Presidencia, sin perjuicio de la suspensión gubernativa de aquellas actividades que no se realicen de acuerdo con las normas procedentes, podrá imponer sanciones en la cuantía y forma que se determinen reglamentariamente a quienes incumplan las prescripciones de las letras a) y b) de este apartado.

2. Se excluyen de las reglas contenidas en el apartado anterior los siguientes supuestos:

a) Los donativos aislados que, con la misma finalidad, puedan hacer independientemente varias personas sin que por ello se reúna una masa patrimonial;

b) Las asociaciones de personas que se agrupen para la realización de un fin aportando ellas mismas los medios económicos, y

c) Las colectas organizadas por personas jurídicas en favor de sí mismas, en que las oblaciones recogidas se confunden con el patrimonio del ente postulante.

Artículo 125º.- La Consejería de la Presidencia, en los términos de la legislación aplicable, ejercerá el protectorado de las Fundaciones y asignaciones patrimoniales previstas en los artículos precedentes.

SECCION 4ª. CASINOS, JUEGOS Y APUESTAS.

Artículo 126º.- 1. En el marco de la legislación de la Comunidad Autónoma sobre el juego, el Consejero de la Presidencia ostenta la competencia en orden al otorgamiento de las autorizaciones administrativas para la instalación, apertura y funcionamiento de casinos de Juego en el territorio de la Comunidad Autónoma,

2. Corresponde al Gobierno, en materia de casinos de juego, la potestad de imponer sanciones de revocación de las autorizaciones de apertura y funcionamiento y las multas pecuniarias superiores a cinco millones de pesetas.

3. El Consejero de la Presidencia podrá disponer la suspensión de las autorizaciones de apertura y funcionamiento por un periodo no superior a doce meses y la imposición de multas hasta cinco millones de pesetas.

4. La suspensión de las autorizaciones por un periodo no superior a seis meses, así como la revocación, suspensión o retirada de los documentos profesionales, la prohibición de entrada a los casinos y la imposición de multas pecuniarias de hasta dos millones de pesetas son competencia del Director General de Administración Territorial.

Artículo 127º.- 1. Corresponde al Director General de Administración Territorial la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas de instalación, apertura, modificación y funcionamiento de salas de bingo, así como las renovaciones y, en su caso, las declaraciones de caducidad de las mismas.

2. Son asimismo competencia del Director General de Administración Territorial las autorizaciones administrativas de constitución, modificación y extinción de empresas de servicios para la gestión de salas de bingo que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

3. Las sanciones por faltas muy graves a la reglamentación del bingo se impondrán por el Consejero de la Presidencia y las que correspondan a infracciones graves y leves por el Director General de Administración Territorial.

Artículo 128º.- Las competencias administrativas que ostenta la Consejería de la Presidencia respecto a las máquinas recreativas y de azar y al juego mediante boletos se ejercerán por el Director General de Administración Territorial, con excepción de la imposición de sanciones por faltas muy graves a las respectivas reglamentaciones que corresponden al Consejero de la Presidencia.

SECCION 5ª. ESPECTACULOS PUBLICOS

Artículo 129º.- 1. El Director General de Administración Territorial ejercerá las competencias que ostenta la Administración Autonómica en materia de espectáculos públicos.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la potestad para imponer sanciones superiores a dos millones de pesetas queda atribuida al Consejero de la Presidencia.

SECCION 6ª. PROCESOS ELECTORALES.

Artículo 130º.- 1. En los términos previstos en la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta y cinco, de diecinueve de junio, y de conformidad con lo que disponga la legislación electoral de carácter territorial, corresponde al Consejero de la Presidencia proponer al Gobierno Autonómico los acuerdos que sean de su competencia respecto a las elecciones al Parlamento de Canarias.

2. Cuando se trate de la fijación de las dictas y gratificaciones a los miembros de las Juntas Electorales. la propuesta se elevará conjuntamente con el Consejero de Hacienda.

Artículo 131º.- 1. En las elecciones a la Asamblea Legislativa Canaria. el Director General Administración Territorial tendrá la responsabilidad de la aportación de medios a las Juntas Electorales y, de asegurar la entrega y disponibilidad de papeletas y sobres de votacion a las mesas electorales.

2 Son también de su competencia las funciones de propaganda institucional y de información y, en general, todas aquellas tareas que faciliten a los electores el ejercicio de su derecho al voto y que tiendan al más rápido y exacto conocimiento de los resultados electorales,

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

En tanto no se constituya la organización que agrupe a los municipios canarios, la designación de sus representantes en la Comisión Regional de Coordinación de las Policias locales de Canarias corresponderá a los respectivos Alcaldes.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

1. En el plazo de dos años las Fundaciones sujetas al presente Reglamento deberán adaptar a éste sus respectivos Estatutos y presentarlos en el Registro de Fundaciones Privadas de Canarias.

2. Transcurrido el término anterior sin que la Fundación haya procedido a la presentación de sus Estatutos, el Consejero de la Presidencia determinará la suspensión de la actividad fundacional hasta tanto no se verifique el ajuste referido y procederá a la eventual exigencia de responsabilidad en que hubieren incurrido los patrones.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Por el Consejero de la Presidencia se ejercerá, en los términos legales vigentes, la competencia a que se refiere el artículo 193, apartado 2 de Reglamento de Organización, Funcionamierto y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en cuanto a la convocatoria de sesiones municipales plenarias de carácter extraordinario a petición de los Concejales.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Un ejemplar de los inventarios de bienes y derechos de las Corporaciones Locales y de las fundaciones y establecimientos dependientes de las mismas, así como de las correspondientes rectificaciones anuales, se remitirá a la Dirección General de Administración Territorial de la Consejería de la Presidencia, en los términos previstos en los articulos 30. apartado 2, y 3), apartado l, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas ías disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan, contradigan o sean incornpatibles con la presente, y en particular:

Decreto 316/84, 1 de julio: Por el que se aprueba la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

Decreto 358/83, 27 julio: Por el que se modifica el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Decreto 397/83, 17 octubre: Por el que se crea la Comisión Superior de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.

Decreto 458/83, 14 diciernbre: Por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Decreto 1/84, 2 enero: Sobre organización y funcionamiento de los Registros de documentos.

Decreto 436/84, 27 abril: Por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómico y se asignan competencias.

Decreto 488/84, 15 de mayo: Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Decreto 673/84, 11 octubre: Modifica Decreto 488/84, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Decreto 749/84. 26 noviembre: Por el que se desarrollan las competencias atribuídas a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno.

Decreto 781/84, 7 diciembre: Por el que se crea a Comisión Técnica de Informática del Gobierno de Canarias.

Decreto 20/85, 18 enero: Por el que se crea la Comisión Regional de las Policías Locales de Canarias.

Decreto 191/85, 13 junio: Por el que se modifica el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

En cuanto a los Boletines Oficiales de las Provincias, la Consejería de la Presidencia ejercerá las funciones que en dicha materia ostentaban las Mancomunidades provinciales interinsulares.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

1. Por Orden del Consejero de la Presidencia, y en un plazo no superior a tres meses, se constituirá en la Dirección General de la Función Pública el Registro de Personal de la Administración Autonómica con los efectos previstos en este Reglamento.

2. Por la Dirección General de la Función Pública se fijarán los modelos en que deban instrumentarse documentalmente los actos de inscripción preceptiva y se dictarán las instrucciones oportunas para la formación inicial del Registro de Personal.

DISPOSICION FINAL TERCERA

Con carácter general, el Consejero de la Presidencia queda facultado para dictar las órdenes que sean precisas para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.

DISPOSICION FINAL CUARTA

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de 1985.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, Manuel Alvarez de la Rosa

© Gobierno de Canarias