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BOC Nº 098. Miércoles 14 de Agosto de 1985 - 819

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Obras Públicas

819 - ORDEN Depart. de 30 de julio de 1.985 por la que se desarrollan los procedimientos de aplicación del Decreto 69/85, de 15 de Marzo.

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El Decreto 69/85, de 15 de Marzo, arbitra medidas que permiten dotar de servicio de agua potable y energía eléctrica a habitáculos que sirven de morada, humana pero cuya construcción se ha efectuado al margen de la regularidad edificatoria, instaurando al tiempo rnecanismos que garanticen, a través de la confección de inventarios y otras medidas, que al final del periodo de vigencia del régimen excepcional establecido el conjunto de viviendas afectadas habrá sido objeto de un proceso de acomodación a las normas de habitabilidad, en evitación de fenómenos de marginalidad urbanística.

La promulgación del citado Decreto hace necesario articular los procesos administrativos precisos para su plena efectividad, dictando los preceptos de desarrollo que aseguren, por un lado, la agilidad en la concesión de las autorizaciones provisionales de acometidas de servicios, y por otro, el respeto al espíritu que anima a la norma, de tal manera que no se fomenten procesos o actuaciones irregulares en esta materia, que, precisamente, han de ser evitados por las Administraciones Públicas concernidas.

En su consecuencia, y en virtud de las Facultades conferidas a este Departamento por el artículo 37 de la Ley Territorial l/83, de 14 de abril.

D I S P O N G O: Artículo 1°. 1.- El régimen excepcional contenido en el Decreto 69/85, de 15 de marzo, será de aplicación a aquellas edificaciones que constituyendo el día 22 de marzo de 1.985 vivienda permanente y habitual de sus moradores, no hayan podido obtener la correspondiente cédula de habitabilidad.

2.- Se entenderá por vivienda permanente la que constituya domicilio del interesado, sin que puedan beneficiarse del régimen excepcional de acometidas provisionales de servicios las construcciones dedicadas a segunda. residencia o a cualquier otro uso.

Asimismo, se entenderá que existe habitabilidad en la ocupación de la vivienda, cuando ésta no permanezca desocupada más de tres meses seguidos.

3.- No podrán acogerse al régimen excepcional instaurado, las segundas y sucesivas ocupaciones' que se constituyan sobre inmuebles comprendidos en principio, en el ámbito de aplicación del Decrete 69/85, cualquiera que sea la forma en que se produzca las cesiones, excepción hecha de aquellas que se produzcan en razón de sucesiones mortis causa a favor de personas que ya convivieran con el anterior titular de la vivienda.

Artículo 2°. 1.- Los inventarios a que se refiere en artículo 1 del Decreto 69/85 se concretarán en relaciones que incluyen varias viviendas o en certificaciones individuales, pudiendo efectuarse los mismos por la Administración Municipal a lo largo de los doce meses siguientes a la publicación del Decreto pero siempre referidos a la fecha de entrada en vigor de éste.

2.- Si de la confección del inventario se infiriera el posible estado ruinoso de alguna de las edificaciones comprendidas en el mismo, el Ayuntamiento o el Alcalde procederá según lo prevenido en el artículo 183 de la Ley del Suelo, dando cuenta de lo actuado a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

3.- La confección de los inventarios no releva a la Administración Municipal de la obligación de adoptar las medidas a que se alude en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en orden al restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, así como de revisar de oficio los actos administrativos, cuya irregularidad se detecte con motivo de la formulación de los inventarios.

4.- Finalizado el plazo de doce meses a que se refiere el Decreto 69/85, los Ayuntamientos refundirán las distintas relaciones y certificaciones en un único listado y reflejarán en Planos a escala l/5.000 la situación de la totalidad de viviendas afectadas. Sobre el mismo plazo señalarán la clasificación urbanística del suelo,- remitiéndose dicha documentación a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

5.- La Dirección General de Arquitectura y Vivienda, a la vista de los listados refundidos y su representación gráfica que le sean remitidos por los Ayuntamientos, procederá a contrastar las autorizaciones concedidas con anterioridad en cada uno de los términos municipales.

Artículo 3°. 1.- Las solicitudes en demanda de concesión de las acometidas provisionales y de servicios y serán dirigidas por los interesados a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a través de los Ayuntamientos respectivos. Las Corporaciones Municipales harán llegar las peticiones a los Servicios Territoriales de Arquitectura y Vivienda junto con las relaciones o certificaciones correspondientes a las viviendas.

2.- A la solicitud se acompañará documento acredite que la vivienda ha sido dada de alta en la contribución urbana.

3.- A la vista de la solicitud y comprobada la inclusión de la vivienda de que se trate en las relaciones o certificaciones confeccionadas por el Ayuntamiento de acuerdo a las determinaciones que se contienen en el artículo siguiente, la Dirección General adoptará resolución en la relación a la autorización provisional, dando cuenta de la misma al Ayuntamiento afectado a fin de que se proceda a la notificación al interesado.

4.- Efectuada la notificación, el Ayuntamiento remitirá justificante de la misma al Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, el cual procederá a la comunicación de la resolución de autorización a la Dirección General de Industria y Energía, a los efectos de expedición del título correspondiente.

Artículo 4. 1.- La certificación municipal contendrá respecto a cada vivienda las siguientes especificaciones:

Nombre del titular o poseedor de la vivienda con expresión de su Documento Nacional de Identidad y del título de propiedad o razón de la posesión del inmueble.

Emplazamiento exacto de la vivienda con indicación del barrio o zona, calle, número, y planta, y con expresión, de la clasificación urbanística de los terrenos en que se emplaza.

Condición de vivienda permanente y habitual del titular desde fecha anterior al 22 de marzo de 1.985, extremo que se acreditará a través de la coincidencia entre el emplazamiento de la vivienda y la residencia padronal del interesado.

Personas que componen la unidad familiar, grado de parentesco, sexo y edades.

Características generales de la edificación indicándose los siguientes extremos:

a) Superficie de la parcela.

b) Condición de aislada o entre rnedianeras.

c) Sistema estructural y paramentos.

d) Número de plantas.

e) Superficie construida por planta.

Características de la vivienda señalándose los siguientes extremos.

a) Superficie construida.

Relación detallada de las dependencias con que cuente y superficie de cada una de ellas.

Servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela y Entidades Suministradoras en su caso.

Causa de la imposibilidad de obtener la cédula de habitabilidad en los términos prevenidos en la vigente normativa de aplicación. Si en la vivienda concurriera algún hecho constitutivo de infracción urbanística se hará constar la fecha de iniciación del procedimiento disciplinario correspondiente y estado de tramitación; en caso contrario se declarará expresamente la no existencia de infracción urbanística.

Clasificación urbanística del suelo en que se encuentra situada la vivienda y uso pormenorizado si lo tuviera determinado, indicando instrumento de planeamiento vigente y fecha de su aprobación.

2.- A la certificación descrita en el apartado anterior se acompañará una fotografía en color de la vivienda y un plano donde se señale la situación de la misma sobre la cartografía escala l/5.000 (minina) elaborada por las !Mancomunidades Interinsulares de Cabildos. Ambos documentos serán diligenciados por los Ayuntamientos haciendo constar su correspondencia con la vivienda de referencia.

Artículo 5°. 1.- La concesión de la autorización provisional de acometida de servicios obliga a los titulares de las viviendas a:

Comunicar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda el cese en el uso de la vivienda con carácter permanente y habitual en el plazo de quince días a partir del momento que se produzca.

Iniciar en el plazo de quince días, a contar desde la notificación de la autorización, los trámites necesarios para la obtención de la cédula de habitabilidad, y a comunicar anualmente a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, el estado de tramitación en que se encuentre el expediente y las incidencias que en el mismo se produzcan.

2.- Las construcciones carentes de proyectos técnicos y/o dirección facultativa de obras, serán objeto de los oportunos proyectos de legalización formulados por técnicos competentes de tal manera que se garantice la seguridad y la habitabilidad.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda podrá arbitrar las medidas oportunas tendentes a la cumplimentación de este requisito.

3.- Respecto a las edificaciones que no estén amparadas por la correspondiente licencia de construcción deberán iniciarse procedimiento para la legalización de su situación urbanística.

El Ayuntamiento otorgará las licencias de legalización de las viviendas situadas en suelo urbano o urbanizable programado cuando se ajuste al planeamiento de vigor, e informará los expedientes relativos a viviendas radicadas en suelo de la Comisión de Urbanismo de Canarias.

Si hubieran transcurridos los plazos de prescripción de la infracción urbanística en que la vivienda consistiese y la vivienda no se adecuara al planeamiento en vigor, los Ayuntamientos certificarán la condición de ordenación de la vivienda, con lo cual no eximirá sin embargo, a los particulares de la obligación de regularizar la construcción técnicamente como se señala en el apartado anterior.

En el caso de que habiendo transcurrido los plazos de prescripción a que se alude en el párrafo anterior, se constate la adecuación de la construcción al planeamiento, se procederá por el Ayuntamiento a extender certificación en tal sentido, sin que como en el caso anterior, tal circunstancia releve al titular de conseguir la regularización técnica de la edificación.

Artículo 6°.1.- Son causas de revocación de la autorización de acometida provisional de servicios las siguientes circunstancias:

La adquisición de firmeza del acuerdo de demolición del inmueble como consecuencia de procedimiento incoado por infracción urbanística.

La declaración de ruina acordada por autoridad competente.

El cese en el uso de la vivienda como permanente y habitual; su cesión en virtud de cualquier título, excepción hecha de lo prevenido para cesiones rnortis causa a favor de personas que ya convivieran con el titular; y el destinar el inmueble o parte del mismo a uso diferente al de vivienda, aunque se conserve en él la residencia del titular.

El incumplimiento de la obligación de obtener la cédula de habitabilidad, dentro del plazo de vigencia de la autorización provisional.

El incumplimiento de alguna de las condiciones en que se concede la autorización.

El incumplimiento por parte del usuario del régimen de prestación de servicios de suministro de aguas y energía.

La realización de obras de ampliación o modificación del inmueble sin las preceptivas autorizaciones.

2.- El procedimiento tendente a la revocación de las autorizaciones provisionales de acometida de servicios se iniciará de oficio por la Dirección General o a instancias de los Ayuntamientos, empresas suministradoras o cualquier otra persona interesada.

Formulado el correspondiente pliego se dará audiencia al interesado, por plazo de diez días, dictándose a continuación resolución que será notificada al interesado, al Ayuntamiento y a las empresas suministradoras, debiendo éstas últimas suspender la prestación del servicio en el plazo de siete días, si así se dedujera de la resolución recaída.

3.- Será causa de caducidad de las autorizaciones provisionales el transcurso de tres años desde su otorgamiento.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda notificará con una antelación mínima de veinte días a las empresas suministradoras la caducidad de las autorizaciones.

DISPOSICION FINAL. Unica.- La presente Orden Departamental entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 1985.

EL CONSEJERO.

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